Es cierto que esta época de pandemia requiere de respuestas rápidas a los problemas y capacidad de adaptación ante los escenarios variables, pero lo que es totalmente inasumible es que se obvie el cumplimiento de la legalidad y se vulneren los derechos del personal laboral, máxime, en materias como la protección de la salud en estos tiempos de pandemia. Para CCOO este es lo que se esta produciendo.
El pasado viernes, día 8 de mayo, se negoció en Mesa Sectorial de Función Pública (donde está representado el personal funcionario), el contenido de la Resolución de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, que establece el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la administración autonómica como consecuencia de la COVID-19. Esta Resolución es de aplicación exclusiva, como se recoge en la misma, al personal funcionario (se publicó en el DOGV el pasado día 11 de mayo).
A continuación de esa mesa Sectorial, como viene siendo habitual, el mismo día 8 de mayo, se reunió la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio del II Convenio Colectivo (CIVE) de aplicación al personal laboral de la Generalitat y se acordó, como también viene siendo habitual (por mantener una homologación en las condiciones de trabajo entre personal funcionario y laboral), la adhesión a la Resolución anteriormente citada, para que fueran de aplicación los mismos criterios y situaciones al personal laboral dependiente de Función Pública, con destino en las distintas consellerias y los organismos públicos dependientes de cada una de ellas (Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y otras Entidades de Derecho Público).
Para que los acuerdos de la CIVE sean legales y surtan todos sus efectos es imprescindible la publicación de los mismos en el DOGV. Sin embargo, desde la Conselleria de Justicia, Interior y Administración argumentan que no es necesaria la publicación del acuerdo de adhesión, sin dar ninguna justificación mínimamente seria.
Para CCOO, la falta de publicación del acuerdo no es una cuestión menor. Crea un vacío legal que perjudica gravemente al personal laboral, dejándole en situación de indefensión, a diferencia de la situación para el personal funcionario, ya que no dispone de ninguna norma concreta de aplicación, en todo el proceso de reincorporación a los centros de trabajo y a las medidas que para garantizar la salud y la seguridad se regula en la Resolución que afecta al personal funcionario y de los planes de contingencias que deben de implementarse en cada conselleria para todos los centros de trabajo.
No alcanzamos a entender la obcecación en no publicar el acuerdo de adhesión. No queremos pensar que es por falta de voluntad de realizar el trámite que ello pueda conllevar.
CCOO exigimos la publicación del acuerdo de adhesión y exigiremos responsabilidades, si fuera necesario, por poner en riesgo la salud y seguridad del personal laboral de la Generalitat.
Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
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