El 25 de agosto de 2021 una parte de un complejo residencial de la urbanización Font Nova se vino abajo dejando dos muertos y un herido. Cinco años después, los propietarios denuncian que el inmueble continúa inhabitable, ha sufrido saqueos y vandalismo y siguen esperando que se depuren responsabilidades mientras el coste de reforzar la estructura se ha disparado.
Han pasado exactamente cinco años desde una de las mayores tragedias vividas en Peñíscola y, para algunos de los afectados, parece que el tiempo se hubiera detenido aquel 25 de agosto de 2021.
Una parte de un complejo residencial situado en la urbanización Font Nova de Peñíscola se derrumbó en plena temporada turística.
Bajo los escombros murieron dos personas y una tercera resultó herida.
Cinco años después, los vecinos continúan sin recuperar la normalidad.
El edificio sigue cerrado y los propietarios aseguran que todavía no pueden regresar con seguridad a sus viviendas.
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Cinco años esperando volver a casa
El presidente de la comunidad de propietarios, Juanjo del Cura, ha explicado a À Punt que, aunque sobre el papel existe la posibilidad de regresar a algunas de las viviendas que permanecieron en pie, la realidad es muy diferente.
El inmueble no reúne actualmente, según los afectados, las condiciones necesarias para volver a ser habitado con normalidad.
El problema fundamental está en la estructura.
La comunidad necesita acometer una actuación de refuerzo cuyo coste resulta difícilmente asumible para los propietarios.
Y el paso del tiempo ha empeorado considerablemente la situación económica.
Según explica Del Cura, una intervención que hace cinco años podía representar aproximadamente entre 30.000 y 35.000 euros tendría ahora un presupuesto estimado de entre 90.000 y 100.000 euros.
Una mujer y un menor murieron en el derrumbe
La tragedia ocurrió durante la tarde del 25 de agosto de 2021.
Una parte del edificio se desplomó alrededor de las 19:30 horas.
El complejo estaba formado por 55 viviendas y una veintena colapsó completamente en dos derrumbes separados por aproximadamente quince minutos.
Ese intervalo resultó fundamental.
Después de escuchar el primer estruendo, numerosos residentes consiguieron abandonar el inmueble antes de que se produjera el segundo desplome.
Los servicios de emergencia desplegaron entonces un enorme dispositivo de búsqueda entre toneladas de escombros.
Una persona pudo ser rescatada con vida.
Pero otras dos no sobrevivieron.
Las víctimas mortales fueron una mujer de 54 años y un menor de 14 años.
El superviviente, un joven de 26 años, era hijo de la mujer fallecida.
Un edificio saqueado mientras los propietarios esperaban
A la tragedia y la imposibilidad de regresar a sus viviendas se ha añadido otro problema durante estos cinco años.
Los propietarios denuncian que el inmueble ha sido saqueado y vandalizado.
Según relata el presidente de la comunidad, durante este tiempo se han producido robos en las viviendas.
Los ladrones no se habrían limitado a llevarse muebles o electrodomésticos.
También habrían desaparecido elementos de los propios apartamentos, entre ellos contraventanas y ventanas de aluminio.
Los afectados lamentan además no haber recibido ayuda suficiente para mantener una vigilancia efectiva del complejo mientras permanecía deshabitado.
El resultado es un edificio deteriorado por el paso del tiempo y por la acción de quienes han accedido ilegalmente a su interior.
Los vecinos apuntan a los materiales empleados
Cinco años después continúa además abierta la batalla para determinar las responsabilidades por el derrumbe.
Los propietarios sostienen que uno de los elementos que habría contribuido al siniestro estaría relacionado con los materiales utilizados durante la construcción.
Juanjo del Cura asegura que se emplearon materiales inadecuados y que algunos de ellos no se corresponderían con los contemplados originalmente en el proyecto de la obra.
La determinación definitiva de las responsabilidades corresponde, sin embargo, al procedimiento judicial.
El caso ha recorrido durante estos años un complicado camino por los tribunales.
Una larga batalla judicial
La investigación del derrumbe llegó a ser archivada provisionalmente por un juzgado de Vinaròs.
Posteriormente, la causa quedó pendiente de la resolución de un recurso ante la Audiencia Provincial de Castellón.
Mientras continúa el recorrido judicial, los propietarios aseguran encontrarse atrapados en una situación especialmente complicada.
No pueden recuperar completamente sus viviendas.
Necesitan realizar obras.
El coste de esas actuaciones ha aumentado considerablemente.
Y todavía esperan que se determine quién debe responder económicamente por las consecuencias de la tragedia.
Font Nova, cinco años después
La urbanización Font Nova está situada en una zona privilegiada del término municipal de Peñíscola, rodeada por el paisaje mediterráneo que convierte a la localidad castellonense en uno de los principales destinos turísticos de la Comunitat Valenciana.
Pero para las familias afectadas aquel rincón permanece asociado a lo sucedido el 25 de agosto de 2021.
Cinco años después del derrumbe, el edificio continúa cerrado.
Los vecinos siguen reclamando responsabilidades.
La estructura necesita ser reforzada.
Y unas viviendas que antes formaban parte de la vida cotidiana o de las vacaciones de decenas de familias continúan esperando recuperar algo aparentemente tan sencillo como su función original:
volver a ser habitables.
