Compromís per Castelló ha informado que, según datos oficiales del gobierno municipal, más del 25% de las multas no cobradas en 2023 en Castellón corresponden al concejal del PP, Cristian Ramírez. Este edil acumuló 104 sanciones impagadas mientras desempeñaba funciones en el área de Movilidad. La coalición insta a la alcaldesa a ofrecer explicaciones inmediatas y a revisar posibles fallos en el sistema.
El papel del concejal Ramírez se cuestiona especialmente por las 104 multas que desaparecerían sin ser pagadas, y Compromís exige una investigación para entender cómo ha sucedido esto. Ignasi Garcia, portavoz de Compromís, enfatiza que es preocupante que tantas sanciones se esfumen, llamando la atención sobre la necesidad de aclarar esta situación.
Por otro lado, Compromís resalta que estas multas no aparecieron en el registro general de sanciones impagadas de 2023, lo cual representa un 27% del total. Ante esto, la coalición presentará una moción en el próximo pleno municipal para revisar los protocolos y evitar la repetición de este problema.
Garcia critica que la alcaldesa, Carrasco, no puede desentenderse de la situación, y alerta sobre el riesgo de que se tolere el impago de sanciones por parte de miembros del PP.
La documentación oficial, según Compromís, también indica un aumento en las multas no recaudadas de un año a otro, pasando de 286 en 2023 a más de 900 en 2024. Esta tendencia justifica, en palabras de la coalición, una revisión interna por parte del ejecutivo municipal.
Además, Compromís manifiesta su preocupación por el incremento de los recibos pendientes del IBI urbano en período voluntario, que subieron de 11.509 en 2024 a 13.763 en 2025, lo que supone un aumento del 19,5% en solo un año. La coalición considera que estos datos demuestran problemas de gestión que el Ayuntamiento debe enfrentar, instando al gobierno local a mejorar los procedimientos administrativos para servir mejor a la ciudadanía.
