Consuelo Ciscar, exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), afronta esta semana su último asunto pendiente con la justicia: el presunto fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda.Archivo – La exdirectora del IVAM, Consuelo Ciscar – EUROPA PRESS – Archivo
VALÈNCIA, Consuelo Ciscar, exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), afronta esta semana su último asunto pendiente con la justicia: el presunto fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda.
La vista por este asunto arrancará mañana, martes, en la Audiencia de Valencia y están previstas 13 sesiones, hasta el 23 de noviembre. Los días 2, 3 y 4 declararán los acusados; los días 9, 10, 11, 12 y 16 diferentes testigos; 17, 18, 19 y 22 los peritos; y el 23 serán las conclusiones, según se desprende del calendario provisional, consultado por Europa Press.
Se trata de la pieza 2 del conocido como caso IVAM en la que, junto a Ciscar, están acusados el ex director económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda.
La pieza principal del procedimiento, centrada en presuntas irregularidades de Ciscar para promocionar la carrera artística de su hijo, Rafael Blasco, conocido como ‘Rablaci’, acabó en septiembre con una conformidad: Ciscar reconoció que malversó y aceptó la pena de un año y medio de cárcel –frente a los 12 que le pedían–. Por tanto, ya le constan antecedentes penales.
En la pieza de Rueda, la Fiscalía reclama para Ciscar la pena de seis años de prisión y multa de 144.000 euros por un delito continuado de prevaricación administrativa, de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Para Lledó pide cinco años y seis meses de cárcel y multa de 63.000 euros; y para Rueda, cinco años por un delito continuado de malversación. Además, solicita una indemnización para el IVAM de 3.456.876 euros.
La trama gira en torno a un presunto fraude perpetrado por la entonces cúpula directiva del IVAM –dirigido entonces por Ciscar, mujer del exconseller de Solidaridad con el PP, Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación– mediante la compra, con cargo a los fondos públicos, de 58 reproducciones de obras de Gerardo Rueda.
Esas creaciones fueron adquiridas, junto a otras 40 del mismo escultor, fallecido en 1996, a precio de obras de arte originales “contraviniendo con ello lo suscrito en los contratos y enriqueciendo con ello ilícitamente” a José Luis Rueda en la cuantía de 2.944.325 euros, mantiene la jueza instructora.
Un importe que debe sumarse a los 512.524 euros que pagó el IVAM a una fundación privada para fundir 44 de las obras. Además, algunas de esas piezas fueron promocionadas “de forma indebida” con exposiciones organizadas y sufragadas por el propio IVAM, y que contaron con la intervención directa del hijo de Gerardo Rueda, para “encubrir y extender el engaño”, con un desembolso añadido de casi 720.000 euros.
Dos son los expedientes de adquisición bajo sospecha. El primero, fechado en 2004, se inició con una carta enviada por la Fundación Rueda a Consuelo Ciscar en la que se ofrecía al IVAM la obra ‘El Gran Relieve’, que había sido expuesta en el mismo museo en mayo de 1996, por 360.000 euros, como condición previa para la donación de otras trece creaciones del artista.
El segundo expediente de adquisición analizado es del año 2006 y comprende la compra de otras siete obras de Rueda por un importe total cercano a los 2,6 millones de euros, sin que conste una propuesta de venta previa efectuada por el hijo del artista. El contrato en el que se formalizó esa operación, que incluía la donación de 77 piezas más, obligaba al IVAM a asumir los gastos de fundición de 44 de ellas.
Anticorrupción mantiene que la decisión de adquirir las obras de Rueda “fue tomada por la directora del museo, única responsable de la institución que mantuvo contactos con el vendedor”. “La decisión de adquirir estas esculturas estuvo presidida por el ánimo de beneficiar ilícitamente al acusado José Luis Rueda, ya que en el momento de la firma de los contratos únicamente los acusados conocían que las obras no habían sido ejecutadas por el artista en vida y que debían ser fundidas bajo la dirección de su heredero”, según sostiene.
La fiscal asevera que Ciscar, “pese a conocer esta circunstancia, ocultó la verdadera naturaleza de las obras a la Comisión Asesora de Adquisiciones, así como al Consejo Rector, al que debía dar cuenta de dicha operación”. De hecho, “previo a firma del contrato, la directora no informó debidamente al departamento de conservación de la operación de compraventa, evitando la revisión y la elaboración del preceptivo informe sobre la idoneidad y pertinencia de esta adquisición, así como ocultando la verdadera naturaleza de las obras y si el precio de la oferta se ajustaba al precio de mercado”.
Para ejecutar este plan, la fiscal estima que Ciscar y Rueda contaron con la colaboración de Lledó, que como director económico administrativo “debía dirigir el proceso de contratación de las adquisiciones y exposiciones”. Así, los primeros iniciaron dos expedientes de compra “en los que se omitieron deliberadamente los informes preceptivos”.
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