La Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha instado a Compromís a “respetar y cumplir” la ley vigente en materia de circulación y seguridad vial, en relación al requerimiento que envió a finales de enero al Ayuntamiento de Bellreguard (Valencia) para que rotulara las señales de tráfico en las dos lenguas oficiales de la región tras recibir una queja de un ciudadano por estar únicamente en valenciano.
Tras la carta que los senadores de la coalición Jordi Navarrete y Carles Mulet han enviado al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, para que reconsidere su “persecución y caza hacia los ayuntamientos gobernados por Compromís”, desde la Delegación subrayan que “se ha actuado en amparo a una denuncia de un ciudadano y en cumplimiento de la legalidad vigente”.
En un comunicado, la Delegación recalca que “no se trata de cuestión lingüística, sino de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de garantizar la seguridad vial para que las normas sean entendidas por todos, con independencia de la lengua habitualmente empleada” y en base a lo establecido por la ley que determina que al menos deberá estar en la lengua oficial del Estado.
“La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece en su artículo 56 que las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado”.
Asimismo, el artículo 138 del Real Decreto de 2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación establece que “las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad”.
A partir de las dos normas, Delegación de Gobierno insiste en que está “a favor de fomentar el uso del valenciano, pero “sin que ello suponga el incumplimiento del ordenamiento jurídico, ni el detrimento del derecho de todos los ciudadanos ni un perjuicio para la seguridad vial”.
Recuerda además que el Síndic de Greuges se ha pronunciado sobre este asunto y determinó que “no puede prevalecer una lengua sobre otra” y que “la normalización lingüística no puede conseguirse, ni ha de hacerse, sobre la base de la infracción de las disposiciones vigentes