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Dictamen de la vergüenza; dictamen de esperanza

matias-alonsoMatías Alonso Blasco
Coordinador Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica
(Fundació Societat i Progrés – Valencia)

Calificar de “varapalo” el dictamen emitido hoy por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas se queda corto. En la escena internacional, la “marca España queda a la altura de las peores dictaduras bananeras, a las que iguala en su política contra los Derechos Humanos de su población.

Nosotros hemos denunciado insistentemente esa política, pero que hoy lo haya dicho una alta Instancia Internacional ya no es lo mismo. El Dictamen dice claramente que el Gobierno incumple sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y le insta a demostrar en la práctica lo que cínicamente ya dijo el año pasado en su declaración en torno al 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, repetido con igual cinismo este año, y que intentó colar ante el mismo Comité que hoy lo ha dejado en una vergonzosa evidencia. El Gobierno no es ningún garante de lucha contra las desapariciones, es mas, constituye el mayor obstáculo hoy para esclarecer miles de ellas por más que se arrogue políticas que nunca practicó.

Y no le ha dicho mas que lo que la propia legislación española está diciendo a los distintos Gobiernos desde 1882, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los Poderes Públicos, especialmente los jueces, cuando aparecen signos evidentes de un enterramiento ilegal, están obligados a personarse, exhumar los restos, buscar a sus familias y entregárselos…Y BUSCAR AL CULPABLE. Cuando aparecen restos en cunetas y barrancos, o bajo jardineras o rincones olvidados de cementerios, es esa la situación. Sin embargo, hasta le fecha, salvo los alcaldes y gracias a la Ley de la Memoria, ninguna otra autoridad ha hecho caso alguno. Imaginamos que en ciertas épocas era mucho pedir que un juez osase buscar a los asesinos de quienes aprecian en esas fosas comunes.

Saludamos la valentía y profesionalidad de un Comité capaz de desmontar frontalmente las falaces argumentaciones del Gobierno de España sobre no investigar las desapariciones en nuestro país por haberse producido hace décadas, antes de la firma en 2010 en que teóricamente nace la obligación para el Sr Rajoy, pero sólo de las desapariciones producidas a partir de esa fecha. Nos da la razón en nuestro argumento; una desaparición forzada es un delito que se comete todos los días, permanentemente, hasta que la víctima aparece viva o muerta.

Instamos a los cambios pertinentes para que, de oficio, la Judicatura entre de lleno a resolver lo que lleva años ignorando; es inhumano aducir, como hemos oído varias veces, que si aparecen restos presumiblemente de la Guerra, el caso prácticamente prescribe. La ONU advierte a España de que esa actitud contraviene lo firmado. Por tanto, reclamamos un cambio de 180º en la política de Memoria Histórica de Rajoy para que España no aparezca como país insumiso a la ONU y a la legislación internacional de Derechos Humanos.

Reclamamos la máxima urgencia en esos cambios; miles de ancianas víctimas, hermanos o hijos de los desaparecidos españoles, cifrados en más de 150.000 los que hoy siguen tirados por cunetas y barrancos de toda nuestra geografía, apenas si disponen de tiempo para recibir en vida los restos de los asesinados y la Justicia que hoy está más claro que nunca que aún se les debe por parte del Estado español, causante e inductor de aquellas atrocidades y que hasta la fecha no quiere hacer frente a sus responsabilidades. Por la igualdad en el recuerdo, por la igualdad entre las propias víctimas, reclamamos a todas las fuerzas políticas un compromiso firme en la línea que marca hoy el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas que nos ha sumido hoy en una enorme vergüenza.

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