Alicante, 2 de diciembre – La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, a través de su Jefatura de Ordenación de los Servicios Jurídicos, ha expresado su apoyo a los técnicos municipales en la aplicación de la normativa urbanística sobre las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio en Panoramis. Este respaldo se produce ante críticas que cuestionan el proceder técnico con afirmaciones sobre un error de interpretación y el uso de una ordenanza municipal supuestamente desfasada.
El ayuntamiento ha aclarado en un comunicado que se ha utilizado el texto vigente de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de 2021, y no la derogada Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) de 2014. Además, detallan que, en lo que respecta a licencias y declaraciones responsables, ambos textos son equivalentes.
En cuanto a las obras de la sede de la Cámara de Comercio, las autoridades municipales han señalado que estas implican modificaciones estructurales significativas, lo que requiere una licencia y no una mera declaración responsable.
Respecto a las críticas sobre la aplicación de una ordenanza obsoleta de 2020, los Servicios Jurídicos sostienen que dicha ordenanza cumple con la normativa vigente posterior a la modificación de la Ley 5/2014. Además, la ordenanza estipula que siempre se subordinará a las normas estatales y autonómicas relevantes.
Desde Urbanismo también se ha recordado que el Plan Especial del Puerto impone restricciones claras, como el número máximo de plantas y la edificabilidad permitida. Las obras realizadas exceden estos parámetros, lo que infringe las normativas urbanísticas y no pueden ser autorizadas bajo ninguna modalidad, ni licencia ni declaración responsable.
Finalmente, el Ayuntamiento ha señalado que no tiene la facultad de conceder licencias en terrenos portuarios sin la aprobación de la Autoridad Portuaria y del proyecto autorizado a Digital Corner. El proyecto aún está en trámite y se espera que una vez presentado y ajustado a la normativa, se permitirá la autorización siempre que se rectifiquen las construcciones ilegales para cumplir con el Plan Especial del Puerto. El ayuntamiento reitera su disposición a colaborar para resolver esta controversia dentro del marco de la legalidad urbanística.
