El floreciente sector del comercio, la fabricación y la exportación de instrumentos de tortura por parte de empresas chinas está alimentando las violaciones de derechos humanos en todo África y Asia, según ha revelado una nueva investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega.
El nuevo informe, titulado ‘China’s Trade in Tools of Torture and Repression’, muestra que ya hay más de 130 empresas chinas que participan en la fabricación y el comercio de material peligroso de mantenimiento de la ley, frente a las tan sólo 28 que se dedicaban a este sector hace una década.
Algunos de los dispositivos comercializados abiertamente por estas empresas (entre los que se encuentran porras eléctricas, porras con púas de metal y grilletes con peso para las piernas) son intrínsecamente crueles e inhumanos y, por tanto, deben prohibirse de inmediato.
Otros materiales (que pueden tener un uso legítimo en la labor policial, como gas lacrimógeno, proyectiles de plástico o vehículos antidisturbios) se están exportando desde China a pesar de que existe un riesgo sustancial de que las fuerzas del orden de los países receptores los utilicen para cometer violaciones de derechos humanos.
“Cada vez hay más empresas chinas que se están beneficiando del comercio de herramientas de tortura y represión, alimentando abusos contra los derechos humanos en todo el mundo”, ha manifestado Patrick Wilcken, investigador sobre el comercio de equipo de seguridad y derechos humanos de Amnistía Internacional.
“Este comercio, que provoca un sufrimiento inmenso, está en auge porque las autoridades chinas no han hecho nada por impedir que las empresas suministren estos nauseabundos dispositivos o que el material policial caiga en manos de elementos de los que se sabe que cometen abusos contra los derechos humanos.”
Las empresas chinas (en su mayoría de propiedad estatal) tienen una presencia cada vez más fuerte en el mercado global de material para las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley.
China es el único país del que se sabe que fabrica porras con púas: porras que tienen púas de metal a todo su largo, o bien porras de plástico con una cabeza de metal terminada en punta. Están diseñadas específicamente como herramientas de tortura, y pueden causar un dolor y un sufrimiento muy considerables.
Varias empresas chinas anuncian abiertamente estas porras inhumanas para su exportación. Según la información recibida, la policía de Camboya ha utilizado porras con púas de fabricación china, y estas porras se han exportado también a las fuerzas de seguridad de Nepal y Tailandia.
La investigación concluyó que 29 empresas chinas dedicadas a la exportación anunciaban porras eléctricas inherentemente crueles. Con estos dispositivos, a los agentes de seguridad les resulta fácil aplicar manualmente descargas eléctricas múltiples, sumamente dolorosas, en zonas sensibles del cuerpo, como los genitales, la garganta, la ingle o las orejas, sin dejar rastros físicos duraderos.
Decenas de empresas chinas fabrican y comercializan dispositivos de inmovilización abusivos, como grilletes para las piernas que llevan un fuerte peso, o sillas de inmovilización rígidas; una empresa fabrica esposas con combinación para el cuello. Estos dispositivos de cuello pueden poner en peligro la vida de una persona al limitar la respiración, la circulación de la sangre y la comunicación nerviosa entre el cuerpo y el cerebro.
El estudio de los materiales comercializados por varias de las empresas revela que estos materiales se están vendiendo a varios órganos de cumplimiento de la ley de todo el mundo, incluidos algunos que cometen abusos persistentes contra los derechos humanos.
“No existe excusa alguna para permitir la fabricación y comercialización de un material cuyo fin principal es torturar o infligir trato cruel, inhumano o degradante a personas. Estos atroces actos están totalmente prohibidos en virtud del derecho internacional, y las autoridades chinas deben prohibir de inmediato la fabricación y comercialización de esos dispositivos crueles e inhumanos”, ha manifestado Patrick Wilcken.
Una empresa (China Xinxing Import/Export Corporation, que ha hecho publicidad de materiales tales como esposas para pulgares, sillas de inmovilización, y armas y porras eléctricas) declaró en 2012 que tenía vínculos con más de 40 países africanos, y mantenía relaciones comerciales con África por valor de 100 millones de dólares estadounidenses.
Amnistía Internacional y Omega hallaron indicios de lo que parecían ser porras eléctricas de fabricación china utilizadas por la policía en Ghana, Senegal, Egipto y Madagascar.
Las empresas chinas también siguen exportando material que sólo puede tener un uso legítimo en las labores de cumplimiento de la ley si dicho uso es conforme con las normas internacionales y si los agentes cuentan con formación adecuada y rinden plena cuenta de sus actos. Sin embargo, el informe cita casos de exportación de material de cumplimiento de la ley potencialmente peligroso desde China a países en los que existe un riesgo sustancial de que ese material contribuya a violaciones graves de derechos humanos.
Un ejemplo destacado en el informe es un gran envío de material “antidisturbios” chino exportado a Uganda en febrero de 2011 pese a la preocupación por el hecho de que la tortura y los malos tratos a manos de la policía eran generalizados en el país.
Dos meses después, las fuerzas de seguridad ugandesas utilizaron material antidisturbios chino para reprimir duramente las protestas contra el aumento del coste de la vida en el país. Durante la violenta represión, en la que al menos nueve personas murieron por disparos, más de un centenar resultaron heridas y 600 fueron detenidas, se utilizaron vehículos blindados de fabricación china.
También se utilizó material antidisturbios chino para reprimir la disidencia en la República Democrática del Congo durante las elecciones de 2011, que dieron lugar a una violencia en la que al menos 33 personas murieron y 83 resultaron heridas. La exportación se llevó a cabo pese a los indicios de que las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo estaban cometiendo violaciones de derechos humanos generalizadas.
El informe muestra que los controles de China a la exportación de material para el cumplimiento de la ley son débiles y poco transparentes y no parecen evaluar el historial de derechos humanos del país receptor.
“El deficiente sistema de exportación de China ha permitido que prospere el comercio de la tortura y la represión. Es urgente que las autoridades chinas realicen una reforma fundamental de su normativa comercial para poner fin a la transferencia irresponsable de material de cumplimiento de la ley a organismos que probablemente utilizarán ese material para violar los derechos humanos”, ha manifestado Patrick Wilcken.
El sistema de exportación chino no es el único que no controla de manera efectiva la transferencia de material de cumplimiento de la ley con el fin de garantizar que respeta los derechos humanos. El comercio mundial de este tipo de material está poco controlado, e incluso los países (como algunos de la UE o Estados Unidos) que cuentan con normativas más completas deben mejorarlas y cerrar las lagunas a medida que nuevos productos y tecnologías llegan al mercado.
El crecimiento del comercio internacional chino de herramientas de tortura y represión ha tenido lugar ante un telón de fondo de violaciones constantes de derechos humanos cometidas en la propia China. La tortura y los malos tratos, al igual que el uso de la fuerza arbitraria, siguen siendo generalizados durante la detención y la represión de las protestas en el país. Amnistía Internacional ha documentado una amplia diversidad de torturas físicas en China, entre ellas algunas que entrañaban el uso de porras eléctricas.
Un superviviente chino de tortura dijo a Amnistía Internacional: “[Los policías] me pusieron una porra eléctrica en la cara; es un tipo de tortura que la policía llama ‘palomitas bengbao’, porque la cara se te abre y parece una palomita. El olor era espantoso, a piel quemada”.
El informe destaca también el uso indebido generalizado de dispositivos mecánicos de inmovilización contra personas detenidas en China. Muchos detenidos denunciaron que los habían atado por las muñecas y los tobillos, los habían colgado del techo o los habían obligado a permanecer en posturas en tensión.
Amnistía Internacional y Omega instan a las autoridades chinas y a las de todos los demás países a:
•dictar una prohibición inmediata de la fabricación y comercialización de material inherentemente abusivo;
•suspender inmediatamente o denegar las licencias comerciales para el suministro de otros materiales a los organismos y fuerzas encargados de hacer cumplir la ley cuando exista un riesgo sustancial de que esos materiales se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos;
•establecer normativas y prácticas para el control de las exportaciones de material policial y de seguridad que pueda tener un uso legítimo pero pueda utilizarse fácilmente para cometer abusos;
•poner fin a todos los actos de tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, así como al uso arbitrario de la fuerza, e investigar todas las denuncias de esos actos para llevar a los responsables ante la justicia.
VLCNoticias|Redacción
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