Los vecinos de Torrent se preparan para asumir el coste total de la recogida de residuos, mientras el Ayuntamiento intenta mitigar el impacto con una bajada del IBI. El “basurazo de Sánchez” genera más preguntas que respuestas.
El municipio de Torrent, hasta ahora relativamente tranquilo en lo que a fiscalidad se refiere, se enfrenta a una nueva ola de indignación. La imposición de una nueva tasa de recogida de residuos, dictada por el gobierno central y bautizada ya como el “basurazo de Sánchez”, ha encendido los ánimos de la ciudadanía y levantado tensiones entre los partidos políticos locales. Con una ley que exige que los ayuntamientos financien de manera íntegra el servicio de recogida de basura, Torrent y otras ciudades de España se ven obligadas a aplicar una tasa no deficitaria que repercuta directamente en los bolsillos de los vecinos.
El fin de la recogida de basura “gratuita”: lo que dice la nueva ley
Hasta hace poco, el Ayuntamiento de Torrent cubría una parte significativa de los gastos asociados a la recogida de residuos urbanos. No es que este servicio fuera realmente “gratuito”, pero el coste que recaía sobre los ciudadanos era más bajo, diluido en otras partidas presupuestarias. Todo esto cambia con la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que exige a los ayuntamientos aprobar, antes de abril de 2025, una tasa específica para cubrir el coste real de este servicio.
El artículo 11.3 de la ley es claro: los municipios deben implementar sistemas de pago que reflejen fielmente el coste total de la recogida y transporte de residuos. Y no solo eso: la tasa debe ser “no deficitaria”, lo que implica que las arcas municipales no podrán subvencionar el servicio como lo venían haciendo. El problema es que, hasta ahora, muchas ciudades como Torrent absorbían parte de este coste para evitar que los vecinos se vieran afectados por un alza impositiva directa.
Pero la normativa no deja margen para la improvisación. Los ayuntamientos deben aprobar la tasa antes del 10 de abril de 2025 y aplicarla de manera diferenciada según el tipo de residencia o actividad económica, lo que afectará tanto a viviendas particulares como a las más de 2.700 empresas que operan en Torrent.
El plan del Ayuntamiento de Torrent: ¿bajada del IBI para compensar el golpe?
Consciente de la reacción que esta nueva tasa podría provocar entre los ciudadanos, el Ayuntamiento de Torrent ha anunciado una medida compensatoria: la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Este movimiento busca amortiguar el impacto económico del “tasazo”, aliviando parcialmente a los propietarios de viviendas del nuevo gasto que supone la tasa de residuos.
Sin embargo, hay dudas sobre si esta compensación será suficiente. Para muchas familias, el aumento del coste de la recogida de basura, sumado a otras subidas en servicios básicos y al contexto de inflación, podría convertirse en una carga difícil de sobrellevar. Y aunque el equipo de gobierno local insiste en que la bajada del IBI será significativa, queda por ver si la rebaja en este impuesto podrá realmente equilibrar el incremento de la nueva tasa.
“Nos dicen que van a bajar el IBI, pero no sabemos cuánto. Al final, todo esto son promesas que puede que no se cumplan,” comenta Ana, vecina del barrio del Vedat. Como muchos otros residentes de Torrent, Ana desconfía de que la bajada del IBI compense el aumento de la tasa de residuos.
¿Culpa del PSOE? La oposición ataca y el pasado pesa
La controversia en torno al “basurazo de Sánchez” ha dado munición a la oposición local, especialmente al Partido Popular, que ha criticado duramente al PSOE de Torrent por su papel en la aprobación de esta ley. Los populares recuerdan que fue precisamente el PSOE quien, en el año 2017, eliminó la subvención Recicla, un sistema que durante casi una década había cubierto el coste de la Tasa TAMER, el impuesto metropolitano destinado a financiar el tratamiento y eliminación de residuos.
Entre los años 2009 y 2017, los ciudadanos de Torrent no tuvieron que pagar la Tasa TAMER gracias a esa subvención, implementada por el Partido Popular. Sin embargo, el gobierno socialista que llegó al poder en Torrent decidió eliminar la ayuda, obligando a los vecinos a asumir directamente ese coste a partir de entonces. En aquel momento, la medida fue recibida con críticas, pero el PSOE argumentó que la subvención era insostenible a largo plazo.
Hoy, el PSOE se enfrenta a un nuevo dilema: defender una ley que ha impuesto desde el gobierno central, pero que tiene repercusiones directas y negativas sobre los ciudadanos de su propio municipio. “Es increíble cómo el PSOE ha pasado de defender la eliminación de la TAMER a criticar ahora una ley que ellos mismos han aprobado,” señalan desde el Partido Popular, que no pierde la oportunidad de recordar las contradicciones de sus rivales.
El contexto nacional: la financiación local sigue en el aire
Más allá de las pugnas políticas locales, el problema de fondo es uno que afecta a todos los municipios de España: la financiación local. La Ley de Bases del Régimen Local, que data de 1985, asignó a los ayuntamientos competencias muy limitadas, pero con el paso de los años, las corporaciones locales han asumido cada vez más responsabilidades sin una financiación adecuada para afrontarlas.
“Los ayuntamientos estamos asfixiados,” se queja un funcionario del consistorio de Torrent, que prefiere permanecer en el anonimato. “Tenemos que cubrir servicios esenciales como la recogida de basura, pero no nos dan los recursos necesarios. Y al final, la única solución es subir los impuestos o crear nuevas tasas, algo que obviamente no gusta a nadie.”
Desde muchas instancias municipales se ha pedido una reforma urgente de la financiación local, que permita a los ayuntamientos tener más autonomía para gestionar sus recursos. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno central no ha abordado esta cuestión de manera efectiva, lo que ha dejado a los municipios en una situación cada vez más precaria.
Las empresas en el punto de mira: una nueva carga económica para los negocios de Torrent
Las empresas de Torrent no serán inmunes a este nuevo impuesto. Las más de 2.700 empresas que desarrollan actividad económica en el municipio también tendrán que asumir el coste de la tasa de residuos, lo que podría afectar su competitividad en un momento en el que muchos negocios luchan por mantenerse a flote tras las dificultades económicas de los últimos años.
Para los pequeños y medianos empresarios, cualquier aumento en los costes operativos supone un riesgo adicional en un entorno ya complicado. “Estamos intentando sobrevivir después de la pandemia, y ahora nos llega esto,” comenta con frustración un comerciante local, que teme que la nueva tasa termine afectando sus márgenes de beneficio.
El ‘cupo catalán’: la guinda del pastel
Y como si la tasa de residuos no fuera suficiente, otro tema que ha generado malestar entre los ayuntamientos de toda España es el llamado ‘cupo catalán’, un acuerdo económico que otorga a Cataluña ciertas ventajas fiscales y que, según algunas voces, puede perjudicar a otras regiones, como la Comunidad Valenciana.
“No podemos permitir que se saque dinero de la caja común para beneficiar solo a unos pocos,” señalan desde algunos sectores de la política local. Para los municipios valencianos, esta medida supone un agravio comparativo que podría reducir aún más los recursos disponibles para financiar servicios básicos, aumentando la sensación de injusticia entre los ciudadanos.
Conclusión: ¿Un ‘basurazo’ sin salida?
La implementación de la nueva tasa de residuos en Torrent es un ejemplo más de cómo las decisiones políticas nacionales pueden tener un impacto directo y a veces devastador en la vida cotidiana de los ciudadanos. Con una ley que obliga a los municipios a cargar el coste total de la recogida de basura a sus habitantes, y con una economía local que sigue recuperándose de los estragos de la crisis, la pregunta que muchos se hacen es clara: ¿será sostenible a largo plazo este nuevo modelo de gestión de residuos?
Entre la promesa de una bajada del IBI, la oposición política feroz y el descontento ciudadano, Torrent parece encontrarse en un callejón sin salida. ¿Será esta la gota que colme el vaso de la paciencia de los vecinos, o encontrarán las autoridades locales la manera de salir de este embrollo fiscal? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, los residentes de Torrent miran con recelo las nuevas facturas que se avecinan. ¿Quién está realmente cuidando de los intereses de los ciudadanos?
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