Susana Camarero, portavoz del Consell, acusa a la izquierda de instrumentalizar el sufrimiento de los afectados por la DANA en una manifestación que reunió a 80.000 personas en València.
La tercera manifestación tras la devastadora DANA que impactó la Comunitat Valenciana ha reavivado las tensiones políticas en el territorio. Mientras miles de ciudadanos marchaban en València para expresar su indignación por la gestión del desastre, el Consell, liderado por Carlos Mazón, ha salido al paso para defender su actuación y criticar lo que consideran un uso partidista del dolor ajeno.
Camarero denuncia la “politización” de la tragedia
Susana Camarero, vicepresidenta y portavoz del Consell, fue contundente al valorar la manifestación del pasado domingo. “Es inaceptable que se instrumentalice el sufrimiento de las familias afectadas por la DANA para atacar al gobierno”, afirmó en una comparecencia realizada este lunes.
Camarero señaló directamente a la izquierda política, a la que acusó de haber orquestado una protesta que, según ella, tenía como objetivo erosionar la imagen del ejecutivo autonómico. La portavoz destacó que la marcha no se centró únicamente en las necesidades de los damnificados, sino que “se convirtió en un escenario para el oportunismo político”.
La marcha: un clamor ciudadano que divide opiniones
La manifestación reunió a cerca de 80.000 personas, según los organizadores, muchas de ellas directamente afectadas por la DANA. La protesta, que inició como una expresión de descontento por la supuesta falta de rapidez y eficacia en la respuesta del gobierno autonómico, pronto adquirió un tono político con la presencia de figuras destacadas de la oposición, como Joan Baldoví (Compromís) y miembros del PSPV.
Entre las pancartas, los lemas pedían soluciones inmediatas, pero también señalaban al ‘president’ Carlos Mazón con demandas explícitas de dimisión. Este giro ha sido calificado por el Consell como una “manipulación política” que ha desvirtuado las demandas originales.
La gestión del Consell bajo la lupa
Desde el Consell han insistido en que la respuesta a la DANA ha sido inmediata y adecuada, aunque reconocen que la magnitud del desastre ha presentado retos significativos.
Entre las acciones destacadas por el gobierno autonómico se encuentran:
- Ayudas directas a afectados: con fondos destinados a familias y empresas damnificadas.
- Reparación de infraestructuras: priorizando las áreas más afectadas por las inundaciones.
- Colaboración con ayuntamientos: para evaluar y cubrir necesidades urgentes en las zonas afectadas.
A pesar de estas medidas, la percepción de lentitud en la actuación y la falta de comunicación eficaz han generado malestar en algunos sectores de la población.
Respuesta de la oposición: una gestión “insuficiente y tardía”
Desde la bancada opositora, las críticas no han cesado. Joan Baldoví, de Compromís, aseguró que la marcha fue “el reflejo del abandono que sienten los valencianos ante un gobierno que ha reaccionado tarde y mal”.
Por su parte, el PSPV denunció que las promesas del Consell no se han traducido en soluciones concretas para las comunidades afectadas. Según sus portavoces, la manifestación es una muestra del hartazgo acumulado ante la falta de liderazgo en la gestión de la crisis.
La fractura entre el dolor y la política
El cruce de acusaciones ha puesto en evidencia cómo una tragedia natural puede convertirse en un foco de confrontación política. Mientras las familias afectadas exigen respuestas, el debate público se centra en la legitimidad de las críticas y en la aparente politización de las protestas.
Para algunos ciudadanos, como Antonio Ruiz, vecino de una de las áreas más afectadas, “la política debería quedar a un lado en momentos como este. Lo que necesitamos son soluciones, no más enfrentamientos”. Otros, en cambio, consideran que la presión social es clave para garantizar que los gobiernos actúen con rapidez y eficacia.
Reflexión final: ¿es posible evitar el uso político en tiempos de crisis?
La polémica en torno a esta manifestación plantea una pregunta fundamental: ¿pueden las protestas ciudadanas mantenerse al margen del juego político, o es inevitable que se conviertan en un campo de batalla entre partidos?
En cualquier caso, el reto para el Consell sigue siendo claro: recuperar la confianza de los afectados y demostrar con hechos que las críticas no tienen fundamento. ¿Es suficiente la respuesta hasta ahora, o el gobierno debería asumir una mayor responsabilidad? Tu opinión cuenta: ¿qué crees que se debería priorizar en este tipo de crisis?