Valencia Noticias | Redacción.- La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado que el Gobierno valenciano ha acordado en el pleno “incluir una partida reivindicativa de 1.325 millones de euros en los Presupuestos de la Generalitat de 2018 para garantizar los derechos de los valencianos y las valencianas”.
Oltra ha resaltado en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno, que se ha celebrado en Alicante, que esta medida “se adopta, un año más, ante la inacción del Gobierno central por no reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva caducado desde el 1 de enero de 2014 y ante la necesidad de asegurar que la prestación de servicios públicos en nuestra comunidad se sitúe en niveles similares a los del conjunto de las autonomías”.
La vicepresidenta ha afirmado que, con los gobiernos anteriores de la Generlaitat, lo que se hacía era “pintar” los presupuestos, se incluían en el apartado de ingresos partidas que se sabían que eran ficticias, para poder presupuestar los gastos y así cuadrar los presupuestos”, ha explicado
“Sin embargo, -ha añadido- el actual Consell tomó la decisión, desde el principio, de no hacer trampas y por eso se incluye una partida que es la cantidad que nos corresponde según la Constitución, que habla de suficiencia financiera, y la Ley de Financiación Autonómica, aunque no llega a la Comunitat Valenciana porque el Gobierno central no ha modificado el sistema de financiación autonómica”.
Oltra ha insistido en que se trata, por tanto, de una “partida reivindicativa, que nos corresponde para situarnos en la media de las comunidades autónomas, y ni siquiera es la cifra que realmente nos correspondería. Con ello se quiere dar un toque de atención al Gobierno central y también al conjunto de las comunidades autónomas de que ese sistema de financiación se ha de modificar”.
Programa Edificant para agilizar infraestructuras educativas
Entre los asuntos tratados también por el pleno del Consell, la vicepresidenta Oltra ha resaltado la aprobación del decreto Ley por el que se pone en marcha Edificant, “un programa que supone la suma de esfuerzos entre la Generalitat y los ayuntamientos para agilizar los trámites que permitirán la puesta en marcha de nuevas infraestructuras educativas y aulas más dignas, que cuenten con las condiciones que exige la prestación de un servicio público fundamental como es el del derecho a la educación”.
Oltra ha recordado que la Educación “es uno de los ejes centrales de las políticas del Gobierno del Botànic. Por eso, queremos unas infraestructuras educativas de calidad, eliminar barracones, construir nuevos centros que sean necesarios y adecuar y rehabilitar los obsoletos, con el fin de poner en el centro de nuestras políticas educativas a nuestros niños y niñas”.
“Asimismo, -ha añadido la vicepresidenta- el programa Edificant es una reivindicación del municipalismo valenciano, ya que permitirá a los ayuntamientos se que se sumen al programa avanzar en la tramitación de expedientes para las actuaciones que consideren prioritarias en sus centros educativos mientras que la Generalitat se hará cargo del coste económico”.
La vicepresidenta ha justificado la tramitación de este programa mediante decreto ley por “la urgente necesidad del estado actual de algunas infraestructuras educativas, la necesidad de agilizar la ejecución de las obras y la insuficiencia de medios técnicos y humanos disponibles, a corto y medio plazo, por parte de la Generalitat”.
El programa Edificant supondrá una inversión de 700 millones de euros entre 2018 y 2022 que permitirán agilizar la construcción de más de 200 colegios e institutos en la Comunitat Valenciana además de la reforma de otros 500.
Nueva ley de áreas industriales
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Por otra parte, el Consell ha dado el visto bueno el proyecto de Ley de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, una vez emitidos los informes del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Económico y Social, para continuar su tramitación ante Les Corts.
Oltra ha resaltado que la Comunitat Valenciana “es la primera comunidad autónoma que afronta la regulación de las áreas industriales en su territorio. La futura ley es, además, pionera en España en la regulación detallada de unas nuevas entidades de gestión y modernización que podrán actuar como colaboradoras de la administración local.
“Asimismo -ha añadido- esta ley también es innovadora en establecer la creación de un mapa de áreas industriales, que las clasificará según los servicios y dotaciones disponibles y será un estímulo para su promoción y mejora”.
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