(Madrid/Agencias) El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, solicitó en el día de hoy al juez instructor, José Castro, que archive la causa respecto a la infanta Cristina, imputada como cooperadora de dos delitos fiscales, ante la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad”, aunque pide que en el juicio la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado a través de Aizoon de 587.413 euros junto a su marido, Iñaki Urdangarin, para el que pide 19 años y medio de prisión en su escrito de acusación.
La Audiencia de Palma decidió hace un mes mantener imputada a la infanta para que fuera juzgada al considerar “innegable” que contribuyó al fraude de cerca de 340.000 euros de IRPF que presuntamente cometió Urdangarin en 2007 y 2008 a través de esta empresa pantalla y que se benefició de ello. Sin embargo, Horrach insiste en que el tribunal tomó esta decisión “en base a una sospecha”. “Tras meses de afanada investigación la conclusión que se ha extraído es un raquítico ‘pudo conocer’, que sitúa a doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión”, señala el fiscal.
Al salir del juzgado, Horrach afirmó que sigue “solicitando el sobreseimiento” como ha repetido “mil veces” porque no comparte el criterio de la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, que pide ocho años de prisión para la infanta.
La decisión final sobre si se sentará o no el banquillo, en cualquier caso, la tomará en las próximas semanas el juez instructor, José Castro, una vez que estudie los escritos de acusación, según fuentes jurídicas.
De momento, el abogado de la infanta Miquel Roca ha anunciado que su clienta depositará “inmediatamente” en el juzgado los cerca de 600.000 euros que le pide el fiscal de forma conjunta y solidariamente con Urdangarin “para dejar así extinguida cualquier responsabilidad civil”. El letrado ha señalado, además, que confía en que el juez no la siente en el banquillo en aplicación de la ley y de la doctrina Botín.
En el escrito de acusación de 576 páginas que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en la causa por el desvío de fondos públicos al instituto que presidió el esposo de la infanta, Horrach pide que se abra juicio oral contra 14 imputados y que se archive provisionalmente la causa para otros seis, entre ellos la hermana del rey Felipe VI.
En un anexo de once páginas, el fiscal afirma que la Audiencia de Palma no describe “un mínimo relato indiciario de cooperación” para sostener la imputación de la infanta y se limita a realiza una “mera conjetura”, cuando “los tribunales exigen datos indiciarios mínimamente racionales de la existencia del dolo para someter a una persona a un juicio oral”.
Horrach considera que vulnera el principio de presunción de inocencia el hecho de que la Audiencia postergue hasta el juicio “la prueba de la existencia de algún dato, indicio, documento o prueba que acredite lo que hasta ahora ha sido incapaz de justificarse”, que sería “la existencia de una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva de la participación de doña Cristina en el presunto delito contra la hacienda pública atribuido a su cónyuge”.
Además de alegar la vulneración del principio de presunción de inocencia, el fiscal carga contra la “falta de coherencia” en la interpretación de “datos y circunstancias idénticos” por parte de la Audiencia de Palma.
Horrach acusa al tribunal que decidió en noviembre mantenerla imputada por dos delitos fiscales, aunque archivara el de blanqueo, de realizar un “errático paseo interpretativo” para que por los mismos hechos, en su opinión, denegara su imputación en julio de 2012 y dos años y medio después la mantenga.
En relación con la existencia o no de dolo por parte de la infanta, es decir, sobre si conocía o no que Aizoon era una sociedad instrumental, el fiscal reprocha a la Audiencia que pase “sin complejos del ‘desconocimiento’ al ‘debería saber’ y del ‘no tenía por qué conocer’ al ‘pudo conocer'”.
Anticorrupción abunda al respecto y recuerda que el motivo por el que ya fue revocada la primera imputación de la infanta fue por el hecho de que desconocía que Aizoon sirviese de empresa ‘pantalla’ para desviar los fondos públicos obtenidos por su esposo y el exsocio de este, Diego Torres, a través del Instituto Nóos.
“Si la infanta ‘no tenía por qué conocer’ que Aizoon era una sociedad instrumental utilizada por su cónyuge para presuntamente apoderarse de fondos públicos, ¿por qué tenía que conocer que era una sociedad instrumental para defraudar a la Hacienda pública?”, se pregunta al respecto.
De hecho, lamenta que “nada se dice” para justificar el hecho de que la infanta, “de simple figurante o elemento decorativo” en el Instituto Nóos, “pasa sin solución de continuidad a “imputada” como consecuencia de una pretendida posición de “garante” en la entidad Aizoon”.
Según el fiscal, si además se tiene en cuenta que Aizoon se creó en 2003 y los delitos fiscales son de 2007 y 2008, y que existía apariencia de actividad y el domicilio social de Aizoon y Nóos era el mismo, “desaparece cualquier manifestación externa del dolo que justifique la imputación”.
El fiscal considera “imposible” concretar la contribución de la infanta en la defraudación fiscal del IRPF de su cónyuge, más allá de que era socia de Aizoon al 50 %.
Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para señalar que “permanecer como socio en una sociedad no significa participar en el fraude” y carece de relevancia penal y menciona otras resoluciones judiciales sobre la posición del socio, entre ellas una del caso Palau de la Música Catalana.
Horrach añade que los gastos personales de la infanta con la tarjeta de crédito de Aizoon “son ridículos” y que el régimen económico matrimonial (separación de bienes en el caso de los duques de Palma) es indiferente a efectos del IRPF.
Manos Limpias pide 8 años de cárcel para la infanta
Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha pedido este martes al juez del caso Nóos, José Castro, que lleve a juicio a la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de 8 años de prisión.
Con su escrito de conclusiones a la instrucción del caso Nóos, en el que ejerce la acusación popular, el sindicato deja en manos de Castro la decisión de que la hermana del rey sea juzgada junto a su esposo, para quien pide penas que suman 26 años y medio de cárcel por diversos delitos de corrupción.
La letrada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, ha asegurado tras presentar su escrito de acusación en los juzgados de Palma que la infanta “se tendrá que sentar en el banquillo, claro que sí”.
En su opinión, el juez instructor no tiene que aplicar en esta causa la llamada doctrina Botín, que limita la posibilidad de que una acusación popular lleve a juicio a un imputado al que no acusen la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, como en este caso.
VLCNoticias|Redacción
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