El empresario valenciano Ángel de Cabo, que fue condenado por vaciar de valor Viajes Marsans para eludir el pago a los acreedores, será juzgado el miércoles en la Audiencia de Valencia por un delito de estafa que ha llevado al fiscal a pedir que sea condenado a cinco años de prisión.
El Ministerio Público le considera culpable de haberse apropiado del patrimonio de dos inversores con quienes había llegado a un acuerdo para sanear sus compañías. La Audiencia Nacional condenó en 2015 al empresario Ángel de Cabo a 5 años de prisión y al pago de una multa de 1,2 millones de euros por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en banda criminal, cometidos al ayudar al propietario de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a vaciar el valor de esta compañía para eludir el pago a acreedores. De Cabo, a quien el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco impuso una fianza récord de 50 millones de euros que después rebajó, y quien terminó alcanzando un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que permitió rebajar su pena después de que reintegrara el dinero, ya ha cumplido condena y está en libertad. Pero ahora el fiscal pide para él una nueva pena, otra vez cinco años de cárcel, por un delito de estafa, cometido en el año 2011.
“El acusado”, dice el fiscal en su escrito de acusación, se presentó como un conocedor solvente del derecho concursal a dos inversores cuyo patrimonio alcanzaba a un total de 159 fincas, algunas hipotecadas pero otras libres de cargas. Los inversores necesitaban sanear estas compañías porque, “dada la crisis económica, desde 2007 venían sufriendo un grave deterioro patrimonial”, de modo que el acusado se ofreció a encargarse de la gestión de las mismas. Para ello convenció a las dos víctimas de que le transmitieran las acciones de sus compañías en escrituras públicas por el valor de un euro, al tiempo que se convertía en administrador único de las mismas con el compromiso, otorgado ante notario, de liberar a las empresas de los perjudicados de las cargas existentes.
En lugar de ello el acusado, siempre según el fiscal, se apoderó del valor de las citadas empresas, dejándolas descapitalizadas y sin posibilidad de afrontar sus obligaciones con los acreedores. Para ello se sirvió de dos cómplices, para cada uno de los cuales el fiscal pide dos años y medio. El fiscal pide además la nulidad de todos los acuerdos a los que llegó De Cabo con los dos perjudicados, lo que implica la devolución del patrimonio.
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