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El juzgado decide si abre juicio al yerno del expresidente de la CAM por el asesinato de su suegra o archiva el caso

 

fotonoticia_20190108163715_800El magistrado aparta del proceso a las hijas de la víctima, que ejercían de acusación particular, ya que no acusan a Miguel López

ALICANTE NOTICIAS El Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, encargado de instruir la causa por la muerte de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, debe decidir a partir de este martes si sobresee el caso o manda a la Audiencia para juicio a Miguel López, yerno de la víctima y único acusado del crimen, tras una audiencia en la que acusaciones y defensa han expuesto sus peticiones.

María del Carmen Martínez murió el 9 de diciembre de 2016 de dos tiros cuando iba a recoger su coche en el lavadero del concesionario Novocar de Alicante, que regentaba su yerno.

La sesión, celebrada este martes, ha servido por tanto para que ministerio fiscal y acusación particular, que ejerce Vicente Sala hijo, soliciten la apertura de juicio oral dado que sostienen que los indicios contra el acusado son “claros”, tal y como han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

El instructor ha decidido apartar del caso a las hermanas de Vicente Sala e hijas de la víctima, que ejercían igualmente de acusación particular, ya que no acusan y defiende la inocencia de Miguel López, casado con una ellas, y, por tanto, de acuerdo con el magistrado, no tienen cabida en el procedimiento, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Por su parte, la defensa de Miguel López ha argumentado que los indicios contra su cliente no se sostienen y ha refutado las pruebas presentadas tanto por las acusaciones.

Será a lo largo de los próximos días cuando el juez encargado del caso decida si dicta el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral contra el yerno de María del Carmen Martínez.

Fiscalía y la acusación particular piden 24 años y medio de cárcel para Miguel López –23 por asesinato con agravante de parentesco y 18 meses por tenencia ilícita de armas–. El ministerio público reclama además 35.000 euros de indemnización para cada uno de los hijos de la víctima mientras que la acusación particular renuncia a reclamar responsabilidad civil.

La defensa, por su parte, sostiene que las acusaciones no tienen ninguna prueba ni indicios que se sostengan contra su cliente y ha vuelto a insistir ante el juez que se trató de un robo, por lo que pide el sobreseimiento de la causa contra López. Asimismo, niega la existencia de un móvil económico, si bien en su escrito de conclusiones reconoce la existencia de un “conflicto familiar” por la gestión de las empresas de los Sala.

 

 

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