El mandato marco de la nueva RTVV prohíbe que el dolor de las personas se convierta en espectáculo

 

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Los contenidos sensacionalistas que tanto caracterizaron la imagen de la extinta Canal 9 tendrán un encaje muy difícil en la nueva radiotelevisión pública valenciana. El mandato marco que las Corts Valencianes aprobarán este jueves insiste reiteradamente en la “calidad” de los contenidos y, en el artículo dedicado a las limitaciones, rechaza cualquier oferta televisiva que incite a la violencia, especialmente la de género, así como los “comportamientos machistas, xenófobos, racistas o expresiones de odio hacia el colectivo de lesbianas, gais, tansexuales y bisexuales (LGTBI)”.

Además de la necesidad de advertir a la audiencia sobre la presencia de contenidos violentos en sus diferentes programaciones y de velar por lo que difunda en horario infantil, la nueva RTVV, según el documento acordado a partir de una propuesta de Podemos tras desestimarse el borrador planteado inicialmente por el Consejo Rector de la nueva corporación, “tendrá especial cuidado en el tratamiento de contenidos que afecten a las víctimas de la violencia, de catástrofes naturales o de acontecimientos luctuosos, con la finalidad de impedir que el dolor de las personas pueda convertirse en objeto de sufrimiento o espectáculo”.

Con una vigencia de seis años prorrogables a otros dos, el mandato marco pactado por el PSPV-PSOE, Compromís, Podemos, Ciudadanos y el PP, traslada las directrices generales de prestación del servicio público de radiotelevisión a la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que debe elaborar sobre esa base un contrato programa con la Generalitat de tres años de vigencia.

El mandato marco contempla el valenciano como la “lengua vehicular” de la nueva cadena, recoge un mínimo de un 35% del tiempo de emisión para “obras audiovisuales de productoras valencianas independientes y producción original en valenciano”, con el objetivo de fomentar la industria audiovisual autóctona, e insiste en la disponibilidad de “contenidos accesibles en línea”, es decir, a través de Internet, en podcasts o aplicaciones móviles.

“Cuando se trate de obras en otras lenguas será necesario doblar o subtitular en valenciano, excepto en las obras originales en castellano”, señala el texto, que prevé en el caso de estas últimas que pueda optarse por la versión original, el doblaje o los subtítulos.

La referencia inicial a la difusión de producciones en otros medios del ámbito lingüístico compartido, que se ha retirado porque el PP rechazó aceptar esa implícita aceptación de que valenciano y catalán son la misma lengua, ha quedado reducida a una alusión a “mecanismos de colaboración con otras televisiones autonómicas, estatales o europeas que permitan la promoción de nuestra industria audiovisual”.

Por otra parte, se hace especial incidencia en el inglés, uno de los caballos de batalla de Ciudadanos, de forma que, por ejemplo, se indica que habrá “una programación infantil de calidad, en sistema multilingüe (al menos en valenciano e inglés), siempre que las posibilidades técnicas y presupuestarias lo permitan”.

La pluralidad, la transparencia, la profesionalidad y la independencia son criterios que el mandato marco resalta para unos medios públicos en los que “la Corporación otorgará prioridad a la información que debe constituir el eje fundamental de su oferta y un espacio de debate público que estimule la reflexión, el conocimiento de la realidad, la actitud crítica y la participación ciudadana”. Y añade: “Información y opinión deberán quedar claramente diferenciadas”.

Además de prever que la nueva cadena informará sobre la actividad de las instituciones valencianas y los debates parlamentarios (“no se cortará la emisión hasta que no se hayan expresado todos los grupos”, advierte), el documento dota de “una mirada inclusiva” y una especial atención a la diversidad a la nueva cadena, así como de acceso a sus emisiones por parte de grupos políticos y sociales.

El sistema mixto de financiación, mediante los presupuestos de la Generalitat y los recursos propios que recoge la ley de creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, aprobada en julio de 2016, se refleja en el mandato marco, así como “la obligación de gestionar los recursos de acuerdo con los principios de equilibrio, estabilidad y sostenibilidad presupuestaria”.

Es en este último aspecto en el que, mediante la única enmienda que queda viva para el pleno, plantea el PP -bajo cuya gestión alcanzó la antigua Canal 9 un endeudamiento de unos 1.200 millones de euros que lo llevó al desastre- ir más allá al introducir la obligación de “cumplir con el principio de equilibrio financiero anual en términos de sistema europeo de cuentas”.

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