Valencia Noticias | Redacción.- Hoy ha quedado definitivamente aprobado en el Pleno el Presupuesto general del Ayuntamiento de Valencia para el ejercicio 2017, que asciende 786.384.770 euros, y también el presupuesto consolidado, que incluye organismos autónomos y empresas municipales, cuya cuantía es de 869.925.178 euros. En el debate previo a la votación, en la que los representantes de los grupos Popular y Ciudadanos se han pronunciado en contra, se ha resaltado por parte del equipo de gobierno que se trata de un presupuesto que tiene como premisas la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos y las ciudadanas, la creación de empleo y el bienestar social.
La propuesta elevada al Pleno incluía la resolución de los escritos y reclamaciones presentados por ciudadanos, organizaciones y entidades tras la aprobación inicial el pasado mes de noviembre de un Presupuesto en el que el capítulo de inversiones se eleva a 76 millones de euros y en el que ·de cada 10 euros, 7’6 se destinan a mejorar los servicios del Ayuntamiento a los ciudadanos, en el que se consiguen más ingresos sin aumentar la presión fiscal, ya que los principales impuestos y tasas que afectan a las vecinas y los vecinos seguirán congelados, como es el caso del IBI, que se mantiene, aunque crecen los ingresos previstos como consecuencia del aumento de la matrícula y de las cuotas resultantes del proceso de regularización llevado a cabo por el Catastro, mientras que el ICIO baja del 4 al 3 por ciento.
No obstante, las críticas a la política fiscal han centrado buena parte de las intervenciones de la Oposición, que han acusado al Equipo de Gobierno de “incrementar los impuestos”. El portavoz popular Eusebio Monzó ha señalado que la revisión catastral ha sido pedida por el propio Consistorio, y ha asegurado que “con su gestión penalizan a empresas y familias, a quienes tienen trabajo y a quienes quieren tener hijos”. “Y todo –ha añadido- por hacer una política de gestos”. Además, el edil popular ha denunciado que no se han ejecutado la mayoría de los proyectos comprendidos en los llamados Presupuestos Participativos.
Por su parte, Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, ha acusado al Gobierno Municipal de presentar unos presupuestos “opacos, sin estrategia definida, que aumentan la presión fiscal, y que no tienen en cuenta a las personas”. Giner ha asegurado que la ciudad “se estanca con esta gestión”, y se ha referido a “carencias en el gobierno, como la política de movilidad, los planes de accesibilidad o el apoyo al pequeño comercio”.
El delegado de Hacienda, Ramón Vilar, ha instado a la Oposición a concertar exactamente qué impuestos son los que suben, dado que lo que se ha aprobado es mantenerlos congelados; y en el caso del IBI, de reducir el tipo de interés para compensar la subida de la base el impuesto y que la ciudadanía no acuse en el recibo el impacto fiscal del aumento señalado por el Ministerio de Hacienda. Según Vilar, PP y Ciudadanos mezclan datos y ofrecen informaciones sesgadas para dar impresión de lo que no es.
Vilar ha defendido el carácter de herramienta de “distribución” que tiene la gestión fiscal e impositiva, y ha señalado que la voluntad del Govern de la Nau es reequilibrar y gestionar desde la base de la justicia social y el crecimiento sostenible.
El documento aprobado ha incluido dos enmiendas de adición, que han sido respaldadas por toda la Corporación, con sugerencias y aportaciones realizadas por la ciudadanía, entidades cívicas y asociaciones, que se remitirán a las concejalías competentes.
Por otra parte, el Presupuesto definitivamente aprobado hoy contempla que la deuda municipal, que en 2012 llegó a situarse en 1.046 millones de euros, quede reducida a finales de 2017 hasta los 583’5 millones, un factor que contribuye al objetivo municipal de dar prioridad a los servicios a la ciudadanía, a la creación de empleo y al gasto social.
Antes del debate plenario, ha tomado la palabra un representante de la Asociación de Vecinos de Torrefiel quien ha hablado en nombre de los empleados de la contratas de jardinería, y ha denunciado el “recorte de derechos laborales” que padecen “y el ataque al principio de igualdad, así como los descensos de categoría profesional a determinados empleados”.
Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
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