El Pleno solicita máximo consenso en la nueva regulación de los precios públicos de los servicios sociales

La Concejala de Bienestar Social recuerda que en Valencia se prestan esos servicios sin cargo alguno para los usuarios

El Pleno del Ayuntamiento ha acordado hoy, con el voto del Partido Popular y Socialista y la abstención de Compromís y Esquerra Unida, solicitar a la Generalitat Valenciana que la nueva regulación que va a sustituir al decreto del Consell que establecía el copago de los servicios sociales se ajuste a los criterios mínimos y comunes para la mejora de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y sea fruto del máximo consenso con los usuarios de estos servicios, sus familiares y las entidades representativas del sector, incluendo el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

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La Concejala Delegada de Bienestar Social e Integración, Ana Albert, ha presentado esta propuesta alternativa a la defendida por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista Joan Calabuig, quien ha solicitado que la Generalitat no recurra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el pasado 7 de octubre que anula los precios públicos impuestos por la Generalitat, “porque se trata de servicios a los que se accede por voluntad sino por necesidad”.

Ana Albert ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia el pasado mes de enero ya adquirió un compromiso con la ciudadanía al aprobar por unanimidad una moción para no formalizar el copago en los centros ocupacionales municipales de atención a la discapacidad, aplicando la Ley pero asumiendo el gasto. Si bien, ha explicado que la Generalitat ahora ha recurrido la sentencia por un tema jurídico.

En el debate de esta propuesta ha intervenido, en representación de los usuarios de estos servicios Ricardo Talavera Puertas, quien ha reclamado “que se paralice y derogue el copago por injusto y antisocial”. En la misma línea se han manifestado los Concejales de los Grupos Municipales Compromís y Esquerra Unida, quienes han defendido “que este decreto es ilegal porque los servicios asistenciales son básicos e imprescindibles para estos colectivos”.

VLC Noticias | Redacción

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