Valencia Noticias | Recacción.– La macrorredada contra la corrupción impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, es el último caso de corrupción en Valencia, pero no el único. El PP valenciano se encuentra inmerso en una grave crisis política desde hace meses, sin menoscabo al derecho de presunción de inocencia de todas las personas investigadas. Esto está afectando tanto a nivel regional, como nacional, al Partido Popular en camino de la investidura.
La dirección del PPCV ha acordado la “destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñan y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con nuestra formación política”. Pero la sombra de la corrupción, tras 20 años con gobierno popular en la Generalitat, es muy alargada, lo que es un duro obstáculo a la hora de intentar desgastar al Consell con su labor de oposición. Un problema sistémico de corrupción.
En las dos últimas semanas, hasta siete asuntos, supuestamente turbios, han dominado la actualidad mediática y política.Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, se sienta en el banquillo por el caso Nóos,Aunque los focos estuvieron sobre la hermana del Rey,con la ausencia entre los acusados de Francisco Camps y Rita Barberá. Donde las las administraciones valencianas (además de la Generalitat y el ayuntamiento de Valencia) pagaron a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey, 3’6 millones de euros por la organización de varios congresos deportivos (Valencia Summit) que sólo costaron 910.600.
Caso Valmor. El empresario Fernando Roig aseguró que los accionistas de Valmor advirtieron a la Generalitat de que la prueba era inviable dados los grandes déficits anuales, pese a lo cual el gobierno Camps decidió avalar las pérdidas de la compañía y asumir el cánon anual que los organizadores (Valmor) debían pagar cada año a Formula One Management, la empresa del magnate Bernie Ecclestone.
Serafín Castellano, fue detenido en relación con el cártel del fuego,investigaciones iniciales provocaron la detención del ex delegado del Gobierno. En la operación, los agentes de la Udef habrían arrestado a más de 20 personas entre altos cargos y empresarios de varias regiones relacionadas con el cártel del fuego entre ellas Pedro Hidalgo, exdirector general de Interior de la Generalitat. Se investiga la comisión de hasta ocho delitos -organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público- en las supuestas irregularidades en la concesión de contratos públicos a empresas de aeronaves para la extinción de incendios.
Accidente de Metro en Valencia. La comisión de investigación del accidente de Metro en Valencia, que causó 43 muertos y 47 heridos en julio de 2006. Los primeros comparecientes (portavoces de varios partidos en la fugaz comisión montada por el PP entre julio y agosto de aquel año) fueron unánimes: “La investigación del metro del PP fue una comisión de exculpación”. El accidente y su posterior gestión, incluido el trato hacia la asociación de las víctimas incluido, desgastó mucho al PP. La nueva comisión sigue haciéndolo. El caso también se investiga por vía judicial.
Operación Frontino o el caso Acuamed, una empresa del Ministerio de Agricultura. Apesar de los informes contrarios de los técnicos que soportaron las presiones del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, el Ministerio de Agricultura contempló en los presupuestos generales del Estado el pago de esos 40 millones, tal y como pedía FCC. El juez ha enviado a prisión a varios cargos de la empresa pública por irregularidades en la concesión y gestión de contratos públicos. La mayor parte son obras hechas en la Comunitat Valenciana: presa de avenida de Rambla Gallinera en Valencia; proyecto de desaladora Marina de Torrevieja; conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante o presa de Antiavenidas del Río Serpis en Valencia.
Imputación de Consuelo Císcar. La exdirectora del IVAM, el Museo de Arte Moderno de Valencia, y parte de la cúpula de la pinacoteca, ha sido imputada por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación por comprar obras de arte con sobrecostes del 1.500%. La juez encargada del caso asegura que hay “importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor” y que esta práctica redundaba en “un claro lucro para terceros”. El marido de Císcar, el exconseller Rafael Blasco, está en prisión por robar ayudas a países en vías de desarrollo.
Operación Taula, que toma su nombre de las mesas de cambio de divisas nacidas en el siglo XV, ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. En ella han sido detenidas este martes 24 personas en Valencia, Castellón y Alicante y se han realizado 33 registros judiciales
Los principales implicados en la operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción llevada a cabo en la Comunitat Valenciana por el supuesto amaño de contratos en administraciones públicas, en la que por el momento hay 24 detenidos y 29 investigados, entre los que se encuentran:
Máximo Caturla. Exvicepresidente de la Diputación de Valencia.
María José Alcón. Exconcejala del PP y exasesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.
Emilio Llopis. Exjefe de gabinete de Alfonso Rus y exalcalde de Genovés (Valencia),
Mari Carmen García Fuster. Secretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia desde 1991.
David Serra. Ex secretario autonómico de Educación y exdiputado autonómico del PP. Está imputado en varias piezas del caso Gürtel.
Vicente Burgos: exgerente de la Fundación Jaume II El Just. Exmarido de María José Alcón.
Juan José Medina: exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada (Valencia).
Pedro Aracil, exasesor del PP en el área de cultura en el Ayuntamiento de Valencia.
José Adolfo Vedri. Cabeza visible de Engloba, la agencia de publicidad mimada por el PP, según Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel.
Vicente Cuquerella. Copropietario de la sede principal del PP en la Comunidad Valenciana y propietario de Benigrass, una de las empresas registradas.
Jaime Úbeda, testaferro de Marcos Benavent, el peón de Rus. Varias sociedades utilizadas supuestamente para blanquear dinero estaban a su nombre.
Mariano Sánchez. Exsuegro de Benavent, fue quién propició la investigación judicial al filtrar decenas de horas de grabaciones de éste.
Joan Vergara, exarquitecto en Imelsa, el centro de la trama.
Salvador Deusa, exjefe de evaluación y planificación de la Diputación de Valencia.
Los imputados
También han trascendido algunos de los supuestos implicados (imputados, investigados tras la reforma de la reforma legal del gobierno) en el caso que no han sido detenidos:
Alfonso Novo, exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia
Luis Salom, el asesor del PP célebre por su combatividad e hiperactividad en las redes sociales.
Marcos Benavent. Exgerente de Imelsa, la empresa de la que nació la supuesta trama, y el hombre que ha tirado de la manta a cambio de una reducción de condena.
José Estarlich. Otro de los testaferros de Benavent.