El juzgado de instrucción número 14 de Valencia ha imputado al presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, a otros dos directivos de la institución y a un trabajador del organismo -concretamente un técnico del departamento económico- por presuntas irregularidades en la gestión de la autoridad portuaria.
Así, el juez ha citado para el primero de diciembre a los directores y al trabajador del Puerto en calidad de imputados, y ha dejado para el día 3 a Rafael Aznar, que ha sido citado en la misma condición que los demás empleados.
Aznar y los otros tres miembros de la autoridad portuaria han sido imputados después de que la Fiscalía les denunciara hace ahora más de un año -el julio de 2013- por presuntos delitos de malversación y prevaricación.
En la denuncia se expuso, entre otras cuestiones, que tanto Aznar como otros dos altos cargos del Puerto de Valencia recibieron por sus trabajos en Valencia Plataforma Intermodal Logística SA -empresa participada entonces al 98 por ciento por el Puerto de Valencia y responsable de la comercialización la ZAL- un total de 77.000 euros, cuando según la ley no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos. Según se ha podido saber, no obstante, los directivos ya habrían devuelto estas cantidades cobradas.
La denuncia del ministerio público recayó en el juzgado de instrucción 14 de Valencia, que desde el mes de julio ha ordenado varias diligencias, entre ellas, ha pedido al Puerto de Valencia que certifique gastos efectuados en relación a unas gafas adquiridas por importe de 27.000 euros; unos 59.000 euros en cestas de Navidad; y 300.000 euros en gastos médicos y de farmacia. También preguntaba por las cantidades anuales entregadas en el Palacio de las Artes, así como las abonadas en relación a la Fórmula 1.
Asimismo, el juez ha solicitado durante la instrucción un informe de la Intervención del Estado sobre la concesión por la autoridad portuaria de 1.940.840 euros a la Fundación Valenciaport en el ejercicio 2009, y alguna testifical, como la de la interventora encargada de las auditorías de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
Esta interventora, citada en octubre del pasado año, declaró que se habían constatado deficiencias o irregularidades en la gestión de este organismo, pero no vio indicios racionales de delito en la percepción de retribuciones complementarias de Aznar.
Por su parte, el informe de la Intervención General del Estado, que se adjuntó a la causa la pasada semana, contempla sueldos de 120.000 euros sin justificar en la Fundación Valenciaport -entidad sin ánimo de lucro constituida en mayo de 2003 para proyectar la Comunidad Logístico-Portuaria, y de cuyo patronato es presidente Rafael Aznar-.
En este informe también se aludía, por otra parte, a los gastos en viajes y restauración, y se señalaba que los trabajadores de la sociedad gastaron 289.078,28 euros. Del total, 24.999,59 se destinaron a gastos por restauración; 30.552,15 a gastos por estancias en hoteles; 3.575,83 euros por gastos de transporte; y 229.950,71 en gastos gestionados por agencias de viajes.
Aznar siempre ha desvinculado
Desde el inicio de la investigación, Rafael Aznar se ha desvinculado públicamente de cualquier tipo de irregularidad, y en varias ocasiones ha defendido que son gestores “sensatos, correctas y, por supuesto, claramente honrados”.
La última declaración fue hace una semana cuando se desvinculó de estas presuntas irregularidades y distinguió entre la autoridad portuaria y la fundación: “Unas personas estamos en el patronato y el patronato tiene información de lo que tiene información. La gestión de la fundación es algo diferente “.
Asimismo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia expresó su “absoluta tranquilidad” porque llevan “mucho tiempo” en la gestión de recursos públicos. “Comprendo -dijo hace una semana- que de vez en cuando haya algún viento, pero ante los vientos lo que hay que tener es firmeza en los fundamentos”.
VLC Noticias | Redacción