Castellón, El funcionario que consta como principal investigado en la supuesta trama de facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno de Castellón que investiga el Juzgado de Instrucción nº 1 ha reconocido hoy ante el juez que se quedaba con un 30 % del importe de las facturas irregulares y que se apropiarse de unos 200.000 euros desde que fue designado como cajero en 2008.
En la causa constan 34 personas como investigadas, entre ellas funcionarios, proveedores y dos exsubdelegados, Antonio Lorenzo (PSOE) y David Barelles (PP), a los que se les imputan delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.
Según han explicado fuentes judiciales, el funcionario ha reconocido haberse quedado un 30 % del importe de las facturas irregulares que constan en la causa y “está reconociendo”, a preguntas del juez, el fiscal y el abogado del Estado, los hechos de los que se le acusa ya que se ha mostrado “dispuesto a colaborar”.
El acusado ha achacado a un “problema personal” el desvío de fondos que empleaba y con el que llegó a hacerse con 200.000 euros para beneficio propio, aunque los informes policiales le atribuyen un importe en torno a un millón de euros.
En su declaración ha asegurado que todo lo que gastó “no fue a su casa”, es decir, que lo gastaba en otros lugares a consecuencia de ese “problema personal” que ha alegado y que por ello en su familia “no se dieron cuenta” de ese enriquecimiento presuntamente ilícito.
Del mismo modo ha relatado que actuaba en solitario y “no lo ha repartido con nadie”, y que sí que aprobó el pago de algunas facturas a otro funcionario investigado.
