El Supremo condena a Junqueras a 13 años por sedición y malversación y a ‘los Jordis’ a 9 años por el primer delito

El Tribunal Supremo no ve probada la rebelión aunque hubiera “indiscutibles episodios de violencia” durante el ‘procés’ y condena por sedición -como pedía la Abogacía del Estado y en contra del criterio de la Fiscalía- a nueve de los 12 acusados a penas de entre 9 a 13 años de cárcel, a cuatro de ellos en concurso con un delito de malversación. La sentencia del ‘procés’ [.pdf], hecha pública este lunes, impone la pena más alta al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación por “su destacado papel” y “liderazgo” en el proceso soberanista.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por su parte, es condenada a 11 años y medio por sedición, por su “decisivo papel” en la aprobación de las leyes de desconexión; y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a 9 años por el mismo delito como “pilares del movimiento sedicioso”. Los cuatro -Junqueras, Forcadell, Sànchez y Cuixart- eran para las acusaciones los “promotores” del plan soberanista.

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Además de Junqueras, han sido condenados por sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agrabado por razón de su cuantían el exconseller de Presidencia Jordi Turull, el de Asuntos Exteriores Raül Rovema y la de Trabajo Dolors Bassa, a los que el Supremo ha impuesto una pena e 12 años de cárcel. En el caso de los otros dos exconsellers que estaban en prisión, el titular de Interior Joaquim Forn y el de Territorio Josep Rull, el Supremo no ve probado el desvío de fondos públicos -que les imputaban las acusaciones- y les condena únicamente por sedición a 10 años y medio de cárcel.

Además de las penas de cárcel, el Supremo impone penas de inhabilitación especial para cada uno de los nueve condenados por sedición durante el mismo tiempo que dura la condena de prisión. De esta forma, Junqueras no podrá ser elegido cargo público durante los próximos 13 años.

La sentencia supone, de esta manera, un varapalo a las tesis de la Fiscalía -pedía entre 16 y 25 años por rebelión frente a los entre 8 y 12 que solicitaba la Abogacía por sedición- no solo porque rechaza que lo ocurrido en Cataluña fuera un “alzamiento público y violento” para lograr la indepedencia, sino porque tampoco accede a la petición que hizo el Ministerio Público para que los condenados no pudieran acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de las penas.

Por último, los únicos tres acusados que estaban en libertad provisional acusados de malversación y desobediencia -Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs- finalmente son absueltos de primer delito y condenados únicamente por el segundo, que no implica penas de prisión. El Supremo les impone una multa de 60.000 euros y 20 meses de inhabilitación.

“Indiscutibles episodios de violencia” pero no para ser rebelión

La clave de la sentencia estaba en saber si el Tribunal Supremo consideraba probado si hubo violencia durante el ‘procés’ y si fue la suficiente como para hablar de un delito de rebelión, es decir, de un alzamiento público y violento para lograr la independencia, como defendía la Fiscalía, que pedía penas de entre 16 y 25 años de cárcel. Al respecto, la sentencia, que cuenta con 493 páginas, da por probada la existencia de la la violencia, pero señala que “no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión“.

No basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión

Para que haya delito de rebelión, apunta la Fiscalía, la violencia tiene que ser una “violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”. Sin embargo, el Supremo subraya la “absoluta insuficiencia” de los actos llevados acabo por los condenados tanto para imponer la efectiva independencia de Cataluña como para derogar la Constitución en este territorio: “Dicho con otras palabras, es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o escneario en que se haga más viable una ulterior negociación”.

Prueba de que la violencia que se registró en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 no era la suficiente para lograr la independencia, está en que “bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutavidad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados. Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado” con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

 

 

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