Sarrià denuncia que el Ayuntamiento ha gastado 500 millones de euros en expropiaciones para dotaciones públicas que debían haber pagado los promotores
Una nueva sentencia del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por el Ayuntamiento al Real Decreto sobrevaloraciones de suelo en las expropiacionespara equipamientos y zonas verdes, pone en evidencia, según el grupo municipal socialista, “las malas prácticas urbanísticas en Valencia y deja nuevamente en ridículo a la Alcaldesa y al urbanismo que practica en la ciudad”.
El concejal socialista Vicent Sarrià se refería en estos términos a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (recurso 312/2012) que da un nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento, condenándolo además al pago de 10.000 euros en costas.
Expropiar suelo para construir jardines o equipamientos es uno de los mecanismos de gestión urbanística que disponen los ayuntamientos, pero no el único, según comentó Sarrià, para quién es una mala práctica urbanística haber utilizado principalmente este procedimiento, que ya ha supuesto un desembolso de más de 500 millones de euros en los 22 presupuestos municipales que ha aprobado el Gobierno Municipal del Partido Popular desde que ganó las elecciones en mayo de 1991.
Dentro de estos 500 millones de euros, el concejal socialista ha querido insistir en el pago de 4,2 millones de euros a la Familia Cotino por la retasación de unos terrenos de su propiedad en el parque de Cabecera, que estaban valorados por el Jurado Provincial de Expropiaciones en 680.000 euros, y que el Ayuntamiento no pagó en el plazo de dos años que disponía para hacerlo, guardando en un cajón el expediente y dando lugar a una retasación de la expropiación que la incrementó hasta los 4,2 millones de euros.- Una negligencia que ha supuesto a los ciudadanos estas generosas plusvalías a la Familia Cotino, y que la alcaldesa todavía calla sin dar explicaciones sobre los motivos por los que se guardó el expediente en un cajón a pesar de disponer de crédito para el pago de los 680.,000 euros iniciales.
El PGOU que entró en vigor en enero de 1989 contemplaba 20 nuevos barrios o sectores urbanizables, cuya gestión se lleva a cabo a través de unidades de ejecución y supone que todo el suelo dotacional incluido –escolar, sociocultural, sanitario- se cede gratuitamente al Ayuntamiento en el proceso de la reparcelación, y además el promotor que desarrolla el sector lo urbaniza y construye las zonas verdes, sin coste alguno para el conjunto de los ciudadanos.
Sin embargo, tal como ha manifestado Sarrià, en el suelo urbano, no existe esta obligación para los promotores de ceder la parte de suelo dotacional que les corresponde, salvo que se delimiten Unidades de Ejecución que incluyen el suelo correspondiente para edificar pero también la urbanización de las calles colindantes, las zonas verdes y el suelo dotacional previsto.
Con la entrada en vigor de la LRAU en noviembre de 1994, este sistema de unidades de ejecución se hacía mucho más ágil, a través de la figura del agente urbanizador, pero el Gobierno Municipal prefirió que los promotores construyeran los edificios de viviendas, sin delimitar estas unidades de ejecución y sin tener que ceder a la ciudad dicho suelo dotacional. En las unidades de ejecución, los propietarios del suelo reservado para escuelas, zonas verdes o cualquier otra dotación pública participan de las plusvalías que genera la unidad de ejecución con la construcción de las viviendas previstas. De esta manera el ayuntamiento se hubiera evitado en muchas ocasiones tener que acudir al sistema de expropiación, que a veces eran terrenos propiedad de promotores privados.
El Grupo Municipal Socialista ha planteado en estos 22 años de gobierno municipal del PP más de 200 iniciativas para delimitar unidades de ejecución que hubieran evitado no solo este desembolso de 500 millones de euros invertido, sino también la especulación del suelo que ha permitido un encarecimiento continuo de las viviendas en los años de “bonanza económica”.
Pero lo más grave, explicó el edil socialista, es que todavía existen 430 solares con una superficie de 1.700.000 m2 destinados a dotaciones y zonas verdes pendientes de ejecutar en el PGOU, y de ellos aproximadamente 1.300.000 m2 son propiedad privada. En el supuesto de tener que expropiar esta superficie serían necesarios más de 1.300 millones de euros.
A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno municipal ha permanecido impasible y ha sido incapaz de reaccionar. Se ha estado construyendo, comentó el edil socialista “gratis total”, sin aportar la parte de compromiso con el interés general y con la ciudad que la ley permite, y facilitando unas plusvalías privadas, que nunca se han transformado en un abaratamiento de la vivienda, más bien al contrario, en la especulación del suelo y unas mayores plusvalías privadas.
De hecho muchas de las expropiaciones que han supuesto el desembolso de los 400 millones de euros, se han llevado a cabo por este sistema, lo que también supone una mala práctica urbanística, porque el Ayuntamiento se ha visto obligado a pagar por edificios y suelo dotacional que no formaba parte de sus previsiones para rehabilitar o construir el nuevo equipamiento, y que ahí están sin poder ser rentabilizados por los ciudadanos. Es decir, los privados, también en este caso están marcando qué y donde expropiar.
Es el caso del Casino del Americano en la ampliación del parque de Benicalap, por el que el Ayuntamiento ha pagado más de 3.500.000 euros, y que ninguna delegación municipal quiere rehabilitar porque no disponen de presupuesto. También por este sistema se ha expropiado una alquería en la calle Abben al Abbar, la alquería del Moro en Benicalap; el solar del Teatro Princesa por el que se han pagado casi 10 millones de euros y numerosos solares que ahora son propiedad municipal pero que no hay recursos económicos para transformarlos en los centros sanitarios, deportivos, culturales o zonas verdes previstos.
Este sistema hasta ahora tan solo necesitaba de la comunicación del propietario de iniciar el proceso expropiatorio, y el ayuntamiento tenía un plazo de tres meses para contestar fijando su Hoja de Aprecio con la valoración, rechazando el importe que solicitaba el propietario, como paso previo a que el Jurado Provincial de Expropiaciones dictara su Resolución con el justiprecio a pagar, que generalmente es muy inferior al que piden los propietarios, pero superior al que suele fijar la administración.
Por otro lado, la Generalitat Valenciana consciente de las obligaciones financieras que este sistema supone para los ayuntamientos aprovechó la aprobación de la ley 1/2012 de 10 de mayo de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas para modificar el artículo 187 de la LUV y añadir un período de dos años, complementario al anterior de tres meses, de manera que los propietarios que insten este sistema han de esperar este plazo desde que solicitan la expropiación, para presentar la valoración de sus terrenos.
Se trata de “alargar la agonía financiera” de los ayuntamientos dos años más, comentó el edil socialista, pues de lo que se trata es de que haya un cambio drástico en la gestión urbanística y en la utilización de buenas prácticas de gobierno para que los promotores además de generar plusvalías con la edificación, cedan a la ciudad en el suelo urbano la parte de terrenos dotacionales a cuyo disfrute tienen derecho los vecinos y compradores de sus viviendas, tal como ocurre en los sectores urbanizables.
Mientras en Valencia se han invertido en estos 22 presupuestos un total de 500 millones de euros en conseguir suelo por expropiación, se han construido en suelo urbano más de 50.000 viviendas, que al no estar incluidas en unidades de ejecución, por la negligencia y desinterés del gobierno municipal, no han aportado a la ciudad ni un solo metro cuadrado de suelo dotacional.
Ahora, es cada vez más complicado, porque el suelo urbano edificable se reduce, pero, tal como comenta el concejal Vicent Sarrià, todavía hay margen para actuar, y evitar tener que acudir a la expropiación para conseguir el 1.300.000 m2 pendiente. La Alcaldesa y su delegado de urbanismo han sido emplazados permanentemente durante 22 años por los socialistas a actuar y no lo han hecho.
El peligro está, según las palabras de Sarrià, en que la única salida que encuentre el Delegado de Urbanismo sea larecalificaciónde los terrenos dotacionales, tal como ha puesto de manifiesto en la revisión del PGOU que se está tramitando, donde a través de 13 actuaciones en suelo urbano, reduce el suelo dotacional en más de 12.000 m2 para hacer 1.700 nuevas viviendas. Una práctica que los socialistas no se muestran dispuestos a consentir porque supone una pérdida de la calidad de vida prevista en el PGOU. Los ciudadanos no tienen por qué pagar -sentencia el PSPV- las malas prácticas urbanísticas de una alcaldesa que ha estado 22 años ignorando la posibilidad de hacer una política de gestión urbanística centrada en el interés general, y ha optado por facilitar plusvalías privadas.
VLC Noticias / Redacción
Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
Te necesitamos a ti también para seguir haciendo un periodismo libre de presiones políticas y económicas
Hay mucho trabajo detrás de una noticia. Contrastar fuentes, redactar, analizar, recabar información… Pero todo esto implica unos costes muy altos, porque aunque parezca una obviedad, hacer buen periodismo, en estos momentos, es complicado.