El testigo protegido acusa a Cano, el empresario y los del club Mesalina de encargarle el crimen del alcalde del Polop

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El testigo protegido del caso Polop ha acusado este jueves al exconcejal de Urbanismo, Juan Cano; al empresario del calzado Salvador García Ros, junto a Ariel Alberto Gatto y Pedro Jesús Hermosilla, gerente y dueño del club Mesalina y dos personas no identificadas, de proponerle “matar una persona que era el alcalde de Polop”, Alejandro Ponsoda, en el transcurso de una reunión que se celebró en la sala vip de este local de alterne de Finestrat.

Sin embargo, no se ha referido a la conversación que presuntamente escuchó en un pasillo del club Mesalina sobre el asesinato de Ponsoda y que figura en el sumario. Sí ha confirmado que un amigo le comentó que “el trabajo lo habían realizado Radim Rakowski y Robert Franek, pero que no les habían pagado”, en referencia a los dos acusados de ser los autores materiales del crimen. Ponsoda falleció en el hospital días después de ser tiroteado, el 19 de octubre de 2007, a las puertas de su vivienda en la pedanía de Xirles.

El testigo, que ha reconocido que trabajaba sin horario fijo en el club Mesalina en cuestiones relacionadas con “extorsión y seguridad”, ha descrito minuciosamente en su declaración en la Audiencia Provincial, protegido por un biombo, que una noche de septiembre de 2007, sobre las tres de la madrugada, los presuntos instigadores del asesinato de Ponsoda le dijeron que tenían un trabajo para él, a lo respondió que no estaba “interesado” y ha negado, a preguntas de las defensas, que no aceptara el encargo “por un desacuerdo en el precio”.

Según el testigo protegido, a las tres semanas fue llamado a una segunda reunión, en la que tan solo participaron el gerente y el dueño del club Mesalina, y en la que le “ofrecieron 35.000 euros”. En su declaración, ha reconocido que les sugirió una posible forma de pago: “Se abonarían en un anticipo 20.000 euros y pagos de 1.000 euros en 15 cuentas diferentes”.

A preguntas del Ministerio Fiscal, el testigo ha asegurado que, ante su negativa, los presuntos inductores le preguntaron si conocía a alguien que pudiera cometer el asesinato, a lo que ha respondido que les dio “los nombres de Radim Rakowski y Robert Franek”, a lo que ha añadido, que no quiso “saber nada más”. y ha concluido que “pese a que había rumores de que lo habían hecho ellos, no puedo confirmarlo”.

“DIANA EN LA ESPALDA”

El testigo protegido, que ha trabajado como mercenario en África durante décadas, ha negado haber sido confidente de la Guardia Civil de la Vila Joiosa, con la que asegura “no tuvo ningún trato”. Niega haber recibido algún trato de favor y ha asegurado que lo único que ha ganado “es salir de este juicio con una diana en la espalda”.

Afirma que ha sido amenazado en múltiples ocasiones y que ha tenido que “cambiar de domicilio ocho veces” e incluso que le recomendaron a su entonces abogada, que “cambiara la declaración porque me iba a pasar algo”.

En cuanto a los detalles de su declaración, ha explicado que no fue suya la iniciativa de declarar porque “hay que tener cuidado en Benidorm con quién se habla”. Es un “inframundo”, ha dicho. Asegura que testificó después de que dos agentes de de la UCO le interrogaran en el club Mesalina. “Contesté lo que sabía y dos días después firmé una declaración ante los dos agentes de la UCO”, que llegaría al juzgado de la Vila Joiosa, ha explicado.

Ha confirmado que Juan Cano, al que llamaban “el director”, era un asiduo de la sala Vip, “a donde acudía a comprar gramos de cocaína”. Asegura que Salvador Ros también acudía habitualmente en 2007 al club porque tenía una relación sentimental con una camarera y que era amigo de los jefes. En cuanto a Raúl Montero, no lo conoce en persona y sí ha confirmado su amistad con Radim Rakowski y Robert Franek, con quien trabajó como portero en 2008.

Ministerio Fiscal y acusación particular solicitan 25 años de cárcel para los inductores e instigadores del asesinato y otros 25 para los presuntos autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Ponsoda, más dos por tenencia ilícita de armas. Las defensas de los siete acusados piden la libre absolución.

 

 

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