El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la sentencia que exigía declarar la plaza del Cedro y sus calles adyacentes como Zona Acústicamente Saturada (ZAS), tras aceptar parcialmente el recurso presentado por entidades hosteleras y el Ayuntamiento en 2022, durante el mandato de Joan Ribó. La corte argumenta que el Ayuntamiento solo cuenta con un único medidor de sonido en la zona, lo que no proporciona mediciones suficientes para justificar la declaración de ZAS.
La sentencia señala que el sonómetro colocado frente al número 19 de la calle Explorador Andrés no ofrece datos representativos del ruido en la plaza del Cedro, a diferencia de lo que argumenta la asociación de vecinos.
Los residentes han solicitado que la ZAS cubra, además de la plaza mencionada, las calles Justo y Pastor, Manuel Candela, Blasco Ibáñez y Músico Ginés, donde las mediciones del sonómetro ubicado no llegan a captar. El TSJ también ordena al Ayuntamiento realizar mediciones más representativas mediante las «medidas correctoras» pertinentes. Una vez completados estos pasos y si se superan los límites legales de ruido, el Ayuntamiento deberá iniciar el expediente de saturación acústica.
Indignados, los vecinos de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín han expresado su intención de llevar el caso al Tribunal Supremo, informando que analizan la situación con sus abogados. Han manifestado que el Ayuntamiento debe instalar suficientes sonómetros para lograr mediciones realistas, en consonancia con la sentencia.
Además, critican que el fallo del tribunal confirma que fueron ellos quienes solicitaron más dispositivos de medición, petición que el Ayuntamiento rechazó al afirmar que el único sonómetro era adecuado. «Ahora se demuestra lo contrario», expresan, lamentando que deben seguir soportando el ruido excesivo de bares, terrazas y discotecas.
La asociación acusa al gobierno local de no implementar ninguna medida efectiva para reducir el ruido en el barrio, aparte de baldear calles y mantener vigilancia policial. Los vecinos se quejan del prolongado conflicto, asegurando que se están vulnerando sus derechos al descanso e intimidad.
Compromís, a través del concejal Giuseppe Grezzi, critica la “inacción” del gobierno local: «En todo este tiempo no han instalado un nuevo sonómetro ni implementado un plan contra el botellón, lo que ha incrementado el tráfico y el ruido», comenta Grezzi, señalando que el Partido Popular tuvo dos años para reconsiderar su postura.
Por su parte, la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia celebra la decisión del TSJ, considerándola un respaldo a su postura contra la acusación injusta y arbitraria dirigida al sector por el problema del ruido. Recuerdan que las quejas de los vecinos surgieron durante la recuperación post-Covid, cuando los lugares de ocio estaban cerrados.
El colectivo empresarial continúa comprometido con la mejora de la calidad de vida en la zona y ha promovido varias iniciativas, como una campaña de concienciación sobre el ruido y programas de formación para personal de control de acceso, con la esperanza de encontrar soluciones en conjunto con el vecindario y el Ayuntamiento.
