La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha decidido aplazar su pronunciamiento sobre si es competente o no para instruir la querella presentada por la Fiscalía contra el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, contra la exconsellera Lola Johnson y contra el empresario y ex piloto, Jorge Martínez Aspar, por la gestión de la Fórmula 1 y el aval concedido a la empresa Valmor Sport.Los magistrados han tomado esta decisión porque la declaración del magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, incorporada a la denuncia del ministerio público está en inglés.
Según informó el TSJ valenciano, la sala, reunida este martes para deliberar sobre la competencia, ha decidido aplazar la decisión hasta que tengan la declaración traducida al castellano. Así, en una providencia dictada hoy mismo, la sala pide al Ministerio Fiscal aportar traducción “a la mayor brevedad posible ya efectos de adoptar la decisión oportuna”.
La sala justifica su decisión argumentando que dado que el informe del Ministerio Fiscal solicitando el pronunciamiento sobre la competencia “en gran medida se basa en la declaración del Sr. Ecclestone” y ésta se ha aportado “sin la debida traducción, tal como requiere el artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “, procede requerir a la Fiscalía una traducción de la testifical del magnate de la Fórmula 1 para poder adoptar cualquier decisión.
“Claros y sólidos indicios de delito”
EL TSJ valenciano debe decir si es competente para investigar el caso o no después de que el Ministerio Fiscal emitiera un informe en el que consideraba que el órgano competente para conocer de su querella era la sala civil y penal del alto tribunal valenciano en considerar que los hechos expuestos en su escrito se desprenden “sólidos”, “claros” y “evidentes” indicios delictivos en la actuación de Camps, que es diputado del PP en las Cortes y, por tanto aforado.
En el informe, el fiscal alegaba “se desprenden indicios concretos de la posible existencia de hechos delictivos que pueden imputarse al aforado, ya que se cumplen los requisitos fácticos y normativos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos “.
Para el delegado en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción, Vicente Torres, estos delitos derivan del hecho de haber negociado Camps “directamente” con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; de haber ordenado que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; y porque fue quien ordenó a la entonces consejera de Deportes Lola Johnson, a pesar de que la ex consellera no tenía competencia para hacerlo, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el gobierno autonómico prestaba el aval en la empresa.
La iniciativa fue de Camps
Así, la querella señala que la iniciativa para celebrar el GP partió de Camps y citaba incluso las declaraciones del mismo Ecclestone, que afirmó que la idea del GP la “sugirió” el ex; que fue quien le trasladó que tenía que contratar con Valmor el año 2007, a pesar de que carecía de infraestructura, personal, material y economía y que no pagó “ni un euro” en el Circuito del Motor “ni siquiera se le exigió el pago “, en perjuicio de los fondos públicos.
Asimismo, consideraba que Camps fue también quien asumió el papel protagonista en el contrato entre esta firma y la Sociedad Proyectos Parques Temáticos (SPTCV), que el 31 de julio de 2009 asumió la única obligación de pagar el canon anual de 26 millones de dólares “sin asumir ningún derecho”.
El fiscal constaba que, de acuerdo con la Intervención General del Estado, este contrato tendría nulidad por no existir una “verdadera reciprocidad de prestaciones”. De esta forma, fue la Generalitat “la que pagó el canon anual de 2009, 2010 y 2011, liberando a los socios de Valmor Sports de esta obligación por decisión personal de Francisco Camps”.
Finalmente, en el contrato de 19 de julio de 2011, la Generalitat pasó a ocupar el papel de avalista que tenía Bancaja, tras la negociación “directa” de Ecclestone con Camps, que ordenó la firma “de manera urgente” , con lo que incumplió “de forma flagrante” toda la normativa en materia de avales.
Y señala el fiscal: “la urgencia vino dada porque Francisco Camps dimitió al día siguiente y supuso además que persona no determinada en ese momento, en atención a aqueist urgencia, hubiera de falsificar la firma del director de la SPTCV en aquel momento, Nicolás Figueras “, que estaba de viaje de novios.
El orden de hacerlo es “obvio” que partía de Camps y la que firmó fue la entonces consejera de Deportes, Lola Johnson, que “carecía de competencia” para hacerlo en contravenir la Ley de Hacienda Pública y la normativa en materia de avales. Para el fiscal, se saltó “de manera grosera” el ordenamiento jurídico.
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