Un empresario con varios establecimientos asegura haber ordenado a sus más de 80 trabajadores que no atiendan a quienes entraron irregularmente en Ceuta durante la crisis migratoria. La medida abre una fuerte polémica sobre sus límites legales y el derecho de admisión.

La tensión provocada por la crisis migratoria de Ceuta está empezando a trasladarse también a los comercios. Después de que un hostelero anunciara públicamente que no atendería a las personas que entraron irregularmente en la ciudad los días 30 y 31, otro empresario ceutí ha decidido adoptar una medida similar en sus establecimientos.

El empresario, identificado durante una intervención televisiva como Javier, asegura haber dado instrucciones a sus trabajadores para no atender a las personas que entraron irregularmente durante aquellos días, aunque dispongan de dinero para pagar los productos o servicios.

La decisión ha provocado un intenso debate tanto por sus implicaciones sociales como por su posible encaje legal.

El precedente de Khalid: «Considero que ha sido una invasión»

La controversia comenzó después de que Khalid, propietario de una hamburguesería de Ceuta, explicara públicamente que había decidido no servir a quienes entraron irregularmente durante los días 30 y 31.

«Considero que no ha sido una inmigración al uso y que ha sido una invasión a mi país, a mi ciudad y a mi vida», manifestó el hostelero al justificar su decisión.

Ahora otro empresario ha seguido sus pasos.

Según explicó durante la entrevista, gestiona varios establecimientos en Ceuta y ha colocado carteles en los que comunica la decisión de prohibir a sus trabajadores atender a las personas que identifica como participantes en aquella entrada irregular.

«Lo único que queremos es que esta gente se vaya»

Javier defendió que la medida pretende mostrar el rechazo de una parte de los comerciantes a lo ocurrido y ejercer presión ante la situación que vive la ciudad.

«Es una medida que hemos decidido tomar», afirmó. El empresario reconoce que la decisión puede perjudicar económicamente a sus propios negocios porque supone renunciar a potenciales clientes, pero asegura estar dispuesto a asumirlo.

También reconoció explícitamente que pretende que la medida actúe como «una forma de presión» sobre los inmigrantes.

Más adelante fue todavía más contundente al explicar su objetivo: «Lo único que queremos de verdad es que esta gente se vaya».

Ni siquiera si tienen dinero para pagar

Durante la entrevista se planteó al empresario una cuestión fundamental: qué ocurriría si una de estas personas acudiera individualmente, de manera pacífica y con dinero suficiente para pagar.

Su respuesta fue que tampoco sería atendida.

Preguntado expresamente sobre esta posibilidad, Javier confirmó que sus empleados tienen instrucciones de no prestarles servicio y sostuvo que el problema no es si disponen o no de dinero, sino la forma en la que entraron en Ceuta.

El empresario argumentó su postura por la situación de inseguridad que, según afirma, están experimentando determinados establecimientos y vecinos de la ciudad.

Asegura tener más de 80 empleados

El empresario afirmó además que cuenta directamente con más de 80 trabajadores a jornada completa y aseguró que una de sus principales preocupaciones es garantizar su seguridad.

«Lo único que yo trato es de velar por su seguridad y porque todo funcione de manera correcta», señaló.

Durante la entrevista denunció también comportamientos incívicos que asegura haber presenciado o conocido en establecimientos de la ciudad, aunque posteriormente matizó sus afirmaciones para evitar generalizarlas al conjunto de los inmigrantes.

¿Puede un comercio negarse a atenderlos?

Este es el punto más delicado de la controversia.

Durante el programa se recordó que el derecho de admisión no permite establecer cualquier condición de acceso a un establecimiento abierto al público.

Uno de los participantes explicó que pueden existir normas objetivas de admisión —por ejemplo, relacionadas con determinadas conductas dentro del establecimiento—, pero advirtió de que ese derecho no ampara automáticamente una discriminación basada en el origen racial o étnico.

Otro de los participantes advirtió al empresario de las posibles consecuencias jurídicas y señaló que la entrada irregular en España constituye con carácter general una infracción administrativa y no, por sí misma, un delito.

La calificación jurídica concreta de estos hechos, sin embargo, dependería de cómo se aplique realmente la medida y de la eventual actuación de las autoridades o de los tribunales.

«Puedo afrontar la multa que venga»

El empresario asegura ser consciente de que su decisión podría terminar teniendo consecuencias.

Preguntado directamente por las advertencias realizadas durante el programa, respondió que dispone de asesoramiento jurídico y que está dispuesto a asumir una eventual sanción.

«Si recibo una sanción, no tengo ningún problema. Por suerte me van las cosas muy bien. Puedo afrontar la multa que venga», afirmó, añadiendo que su gabinete jurídico conoce la situación.

Temor a que la medida se extienda por Ceuta

La iniciativa también generó rechazo entre algunos participantes del debate, que alertaron de un posible «efecto contagio» si otros establecimientos comienzan a aplicar criterios semejantes.

Una de las tertulianas calificó la situación de peligrosa y advirtió de que excluir de forma general a inmigrantes de establecimientos comerciales podría alimentar discursos xenófobos y aumentar todavía más la tensión existente en la ciudad.

Otros participantes, aunque reconocieron el miedo y el hartazgo existente entre parte de los vecinos y comerciantes, defendieron que las respuestas deben mantenerse dentro de la legalidad y evitar generalizaciones.

La crisis migratoria llega a los comercios de Ceuta

El episodio muestra una nueva dimensión de la crisis que atraviesa Ceuta. La situación ya no se limita al dispositivo policial, la acogida de inmigrantes o la presión sobre determinados servicios públicos: la tensión está alcanzando también a las relaciones cotidianas entre comerciantes, vecinos y personas llegadas irregularmente.

La aparición de varios empresarios dispuestos a negar el servicio abre además un debate que probablemente tendrá recorrido jurídico: hasta dónde llega el derecho de admisión y dónde comienza una discriminación prohibida por la ley.

Por ahora, Javier asegura que mantendrá la decisión y anima a otros negocios a seguir el mismo camino.