La población reclusa habría alcanzado los 385 internos frente a una capacidad operativa situada en torno a 280, según el presidente de un sindicato de funcionarios de prisiones. Más de medio centenar de internos habrían sido trasladados ya a centros penitenciarios peninsulares.

La crisis que atraviesa Ceuta ha comenzado a tener consecuencias directas sobre su sistema penitenciario. El incremento de las detenciones registrado durante las últimas semanas ha elevado considerablemente la población de la prisión de la ciudad autónoma y ha obligado a realizar traslados de internos a centros de la península.

Según explicó Manuel Galisteo, presidente de un sindicato de funcionarios de prisiones, durante una intervención televisiva, el centro penitenciario ceutí estaría actualmente en 385 internos, cuando habitualmente ronda los 280 y dispone únicamente de cuatro módulos.

La situación ha llevado a Instituciones Penitenciarias a realizar conducciones hacia otros centros para aliviar la presión sobre la cárcel.

Más de 50 internos trasladados desde Ceuta

Las cifras ofrecidas durante el programa varían según el momento de la intervención. Inicialmente se habla de 42 presos trasladados en ferry y posteriormente de más de medio centenar de conducciones realizadas desde Ceuta.

Galisteo elevó posteriormente la cifra y aseguró que “ya se han producido más de 50 conducciones” de internos hacia la península. Según su relato, el último traslado habría incluido 16 personas enviadas a la prisión de Botafuegos, en Algeciras.

Precisamente Botafuegos aparece como uno de los principales destinos de estos movimientos penitenciarios.

Otra información ofrecida durante la emisión señalaba que 22 presos marroquíes habían sido destinados a este centro y que habría cerca de una veintena más pendientes de conocer a qué prisión serían trasladados.

La cárcel habría alcanzado los 385 internos

El dato que refleja con mayor claridad la presión sobre el centro es el de su ocupación.

Según Galisteo, la cárcel de Ceuta suele encontrarse en torno a los 280 internos, llegando habitualmente a rozar los 300, pero la reciente llegada de nuevos presos habría elevado la población hasta los 385.

El propio representante sindical aseguró posteriormente que desde las oleadas migratorias la población penitenciaria de Ceuta habría aumentado más de un 20%.

Esta situación estaría obligando a redistribuir internos entre diferentes prisiones españolas para recuperar capacidad en el centro ceutí.

¿Por qué trasladan a los presos a la península?

Según la explicación ofrecida por el representante sindical, en estos momentos la prioridad sería reducir la ocupación de la prisión.

Preguntado por si se estaban seleccionando los internos en función de su peligrosidad, antigüedad o situación judicial, Galisteo aseguró que actualmente la necesidad principal es liberar plazas ante la saturación del centro.

El traslado a una prisión peninsular, en cualquier caso, no significa que una persona quede en libertad ni que desaparezca el procedimiento judicial abierto contra ella.

Buena parte del debate televisivo se centró precisamente en aclarar este punto.

Qué ocurre con los presos preventivos trasladados

Durante el programa se explicó que algunos de estos internos se encontrarían en prisión provisional a la espera de juicio.

Su traslado desde Ceuta puede plantear posteriormente la necesidad de regresar a la ciudad para determinadas actuaciones judiciales, aunque también se apuntó la posibilidad de recurrir en determinados casos a procedimientos telemáticos.

Los participantes en el debate también recordaron que la prisión provisional no equivale a una condena firme y está sometida a requisitos y límites establecidos por la legislación.

Uno de los criterios que puede justificarla es precisamente el riesgo de fuga, cuestión especialmente relevante cuando el investigado carece de domicilio conocido.

La expulsión de España entra también en el debate

Otro de los asuntos abordados fue qué ocurrirá con aquellos extranjeros que finalmente resulten condenados.

Durante la tertulia se analizaron diferentes mecanismos previstos en la legislación española que, dependiendo del delito, la condena y la situación administrativa del extranjero, pueden terminar en la sustitución de determinadas penas por la expulsión del territorio nacional.

Uno de los participantes sostuvo que, en determinados procedimientos y siempre que concurran los requisitos legales correspondientes, una condena podría terminar aparejada a la expulsión.

No obstante, cada caso debe resolverse individualmente y el simple hecho de que una persona extranjera sea trasladada desde la prisión de Ceuta a otra cárcel española no implica automáticamente que vaya a ser expulsada.

La crisis de Ceuta llega al sistema penitenciario

El incremento de la población reclusa introduce así una nueva consecuencia de la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

La prisión ceutí, con una capacidad mucho más limitada que los grandes centros penitenciarios peninsulares, se enfrenta a dificultades para absorber un aumento rápido de internos.

Según las cifras ofrecidas por los funcionarios durante la emisión, el centro habría pasado de rondar los 280 presos a alcanzar los 385, obligando a efectuar decenas de traslados.

El problema ya no afecta únicamente a los recursos policiales y judiciales de Ceuta. La presión se ha trasladado también al sistema penitenciario, que ha comenzado a redistribuir internos hacia cárceles de la península para evitar que el centro ceutí continúe aumentando su nivel de ocupación.