El portavoz de Esquerra Unida en el Consistorio, Amadeu Sanchis, y el diputado de EUPV en las Cortes Valencianas, Lluís Torró, junto con el abogado José Luis Ramos, han comparecido en rueda de prensa para anunciar diversas propuestas que la formación de izquierdas ha presentado tanto en el Consell como en el Ayuntamiento para evitar la degradación y la paralización que sufre el barrio del Cabanyal. Respecto a la moción que ha presentado el grupo municipal al pleno de mañana viernes, Sanchis ha explicado que el objetivo es solicitar que se delimite un perímetro de protección del entorno del Conjunto Histórico Cabanyal-Canyamelar declarado BIC, algo que el PEPRI no incluye.
Según ha manifestado el concejal, el Ayuntamiento de Valencia está aprobando Planes Especiales de Protección de Entornos de Bienes de Interés Cultural de diferentes bienes inmuebles declarados BIC de la ciudad. Asimismo ha explicado que sobre esta materia la propia doctrina del Tribunal Supremo afirma, reiteradamente, que los conjuntos históricos declarados BIC pueden sufrir impactos negativos por la ejecución de obras en su entorno. Por eso, “es conveniente establecer un perímetro de protección del entorno a los conjuntos históricos declarados BIC y aprobar un Plan Especial de Protección del Entorno para estos ámbitos”, ha dicho Sanchis.
El edil de la formación de izquierdas ha recordado que como consecuencia de la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, del Ministerio de Cultura que declaró que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyamelar determina la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, “el Ayuntamiento de Valencia tendrá que aprobar un nuevo Plan Especial de Protección que proteja y conserve los valores históricos-artísticos que motivaron la calificación de este conjunto histórico, un plan que deberá ser respetuoso con los mandatos establecidos en la legislación protectora del patrimonio cultural”.
Por ello, otra de las propuestas incluidas en la moción que se debatirá mañana en el Hemiciclo es que no se inicie la ejecución de obras de nueva ordenación mientras no esté aprobado el nuevo Plan Especial de Protección (PEP) que proteja y conserve los valores históricos-artísticos que motivaron la calificación de este conjunto histórico, así como que, mientras no esté aprobado y vigente el nuevo PEP, se proceda a conceder licencia de rehabilitación de edificaciones en aquellas manzanas que no se plantea modificar su ordenación actual.
Para Sanchis, “debido a que la declaración de expolio se fundamenta esencialmente en las reformas urbanas que incluye el PEPRI con el objetivo de ejecutar una nueva ordenación, sería conveniente otorgar licencia de rehabilitación de edificaciones en aquellas manzanas que no se plantea modificar su ordenación actual para evitar, así, la paralización de la actividad económica del barrio y poner freno a la degradación que comporta no realizar la obras de mantenimiento que el paso del tiempo exige”.
PNL en las Cortes
Por su parte, el diputado autonómico de EUPV en las Cortes Valencianas, Lluís Torró, ha presentado la Proposición no de Ley (PNL) que el grupo parlamentario de izquierdas presentó ayer a la Mesa de les Corts en la que instan el Consell a presentar, en el plazo de un mes, un Proyecto de Ley que derogue la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia.
Asimismo, EUPV también pide en dicha PNL que las Cortes Valencianas insten el Ayuntamiento de Valencia a iniciar, en el plazo de un mes, los trabajos de elaboración del nuevo Plan Especial de Protección (PEP) que proteja y conserve los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de este conjunto histórico.
Torró ha resaltado el hecho de que, como consecuencia del acuerdo alcanzado por la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España mediante el cual la Generalitat se comprometía a derogar la Ley 2/10, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia a cambio de que el Gobierno central retirara el recurso de inconstitucionalidad planteado contra dicha Ley, “nos encontramos ante un PEPRI aprobado por el Consell y anulado por la Orden del Ministerio de Cultura CUL/3631/2009, de 29 de diciembre y un ámbito urbano, sobre el cual la Conselleria de Cultura tiene competencia debido a la existencia de valores culturales protegidos, donde no se pueden realizar actas de ejecución de un PEPRI que ha perdido toda eficacia jurídica al haber desaparecido del ordenamiento jurídico como consecuencia de su nulidad y sin la aprobación de un nuevo Plan Especial de Protección que proteja y conserve los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de este conjunto histórico, que está pendiente de aprobación.
Por último, el abogado José Luis Ramos ha intervenido para aclarar que en el derecho administrativo hay un principio que prohíbe ir en contra de sus propios actos y que, por ello mismo, “el Ayuntamiento tiene que explicar por qué interpreta que la declaración de expolio suspende la ejecución del PEPRI del Cabanyal en todos sus aspectos y, por otra parte, la Generalitat asigna 9’3 millones de presupuesto para Cabanyal 2010, sociedad que tiene por objeto la ejecución del PEPRI”. “Es necesario que el PP explique esta contradicción, es decir, si solo están sujetos al derecho administrativo cuando les conviene o si interpretan la declaración de expolio de forma interesada”, ha concluido.
VLC Noticias / Redacción
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