(Estepar/Agencias) En toda España, equipos de voluntarios con arqueólogos, antropólogos y científicos forenses realizan expediciones cada año para excavar posibles fosas comunes de la Guerra Civil y el posterior régimen fascista de Francisco Franco.
A menudo trabajan bajo la mirada de los hijos e hijas de las víctimas, ya mayores y que durante mucho tiempo sospecharon que sabían dónde estaban sus seres queridos, muertos décadas atrás. Algunos fueron asesinados durante la Guerra Civil entre 1936-1939, pero muchos, sobre todo de izquierdas, fueron ejecutados de forma sumaria tras la victoria de las tropas leales al general Francisco Franco.
Así que en los pueblos como Estepar, a menos de tres horas en coche hacia el norte de Madrid, los ancianos familiares de los muertos observan mientras los voluntarios excavan y clasifican con cuidado los restos que encuentran, junto con ropa y objetos personales, en cajas de plástico para que puedan ser identificados.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007 una Ley de Memoria Histórica condenando las atrocidades cometidas durante el régimen de Franco, que duró hasta 1975. Sin embargo, nunca ha proporcionado financiación para emprender las búsquedas o pagar las pruebas de ADN.
La mayoría de las exhumaciones se han financiado con donaciones locales e internacionales o con microfinanciación.
Desde 2000 se han excavado más de 200 tumbas, con unos 5.700 cuerpos hallados, según la organización española sin ánimo de lucro Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
El gobierno nunca ha dado una estimación de cuántas personas murieron durante el régimen franquista, pero el exjuez español Baltasar Garzón estimó que unas 114.000 personas podrían haber ido a parar a fosas comunes.
Su investigación sobre los crímenes de la era franquista, muy publicitada, quedó paralizada cuando el magistrado fue apartado de la carrera judicial en 2012 por sobrepasar sus atribuciones en un caso distinto.
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