Más de 160 funcionarios y funcionarias de Presidencia de la Generalitat Valenciana han firmado un escrito conjunto en el que instan a desarrollar los programas de teletrabajo en la administración, al igual que ya se ha hecho en Consellerias y distintos organismos y empresas públicas dependientes de la Generalitat, y en el que aseguran que se sienten «en discriminación» en relación con los empleados públicos de otras áreas donde ya se aplica.
En el escrito piden la agilización de la aprobación de los programas de teletrabajo en este ámbito, en aplicación del Decreto 49/2021 del Consell, que regula el teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios del personal empleado público en la administración de la Generalitat y ante la «falta de aplicación» en este área. Según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de esta reivindicación, el escrito ha sido firmado por más de 160 trabajadores del área.
El retraso en la aplicación del teletrabajo en Presidencia de la Generalitat es considerado por los funcionarios como una «vulneración al derecho al teletrabajo» consignado en la ley y un «incumplimiento de la obligación» que establece el decreto de presentar y aprobar los programas para esta modalidad de cada conselleria.
La reclamación va acorde con otras iniciativas promovidas por el sector de administración autonómica y justicia de UGT PV por el mismo motivo. El sindicato se mostraba a disposición de la Subsecretaría para una reunión y trabajar conjuntamente en la implantación de esta modalidad.
El director general de Función Pública requirió en cuatro ocasiones el pasado año el informe anual sobre la implantación anual del teletrabajo a las subsecretarías y entidades del sector público con personal cuya gestión corresponde a esa dirección general, para dar cuenta del programa aprobado o de la demora para hacerlo a la Comisión de Control correspondiente.
En un oficio de enero de 2023, el subsecretario de Presidencia indicaba que la aplicación de esta modalidad en este ámbito «precisa de un análisis exhaustivo» que comprenda los puestos de trabajo susceptibles de ser ejercidos de esta forma, las funciones o tareas asignadas a los mismos que podrán prestarse en esta modalidad, los criterios de evaluación e indicadores de seguimiento, los medios tecnológicos necesarios para su actividad y la valoración del impacto económico de esta medida en los presupuestos del área. UGT recalca en un documento que Presidencia, que fue la última área en responder al requerimiento, «ni siquiera» tiene un «borrador de programa elaborándose».
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