La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante han manifestado su oposición al “sectarismo” del Gobierno de España con respecto a la eventual modificación de las normas de gestión del trasvase Tajo-Segura, cuya aprobación está prevista para diciembre, así como al incremento de los caudales ecológicos.
Ambas instituciones emitieron estos comunicados tras una reunión celebrada en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). En el encuentro participaron el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; además de regantes y alcaldes de localidades que podrían verse afectadas por posibles restricciones en el trasvase.
Barrachina criticó que se proponga la aprobación de las nuevas reglas del trasvase sin disponer de un respaldo técnico, diálogo efectivo ni consultas a regantes y comunidades autónomas involucradas. Advirtió que las modificaciones promovidas por el Gobierno pondrían en peligro el futuro de miles de familias y el equilibrio hídrico que ha consolidado al sureste español como un referente agrícola durante décadas. Según él, la aplicación de estas reglas podría empeorar significativamente las condiciones en la huerta alicantina, convirtiéndola en un desierto.
El conseller destacó que estas decisiones no deben tomarse de forma unilateral ni bajo criterios políticos, sino basándose en informes rigurosos y transparentes. También señaló la importancia del trasvase Tajo-Segura para el desarrollo económico, social y medioambiental de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y el sureste de Andalucía.
Barrachina enfatizó la necesidad de defender cada gota de agua que pertenece a agricultores y regantes de la región, rechazando recortes injustificados. Señaló además que el Gobierno central está enviando a Portugal volúmenes de agua muy superiores a los necesarios, reclamando una revisión urgente para asegurar una gestión hídrica justa y equilibrada.
Por su parte, Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, alertó que modificar las reglas del trasvase y aumentar los caudales ecológicos podría suponer un grave daño económico, social y medioambiental para la provincia. Resaltó la colaboración entre la Diputación y la Generalitat Valenciana en defensa de esta infraestructura.
Durante el evento, donde se presentó un informe técnico contra el cambio en las normas del trasvase enviado al Ministerio de Transición Ecológica, Pérez manifestó que las decisiones anunciadas por el Gobierno carecen de rigor científico. Afirmó que aunque no se escuchen sus quejas, continuarán defendiendo su posición.
Finalmente, destacó que dos millones de habitantes de Alicante merecen ver cómo se valoriza un uso óptimo del agua, el trabajo del campo y la importancia de la agricultura en la economía local. Pérez subrayó la relevancia económica de la provincia y destacó la relación positiva durante esta legislatura con el gobierno autonómico, que ha mostrado una postura firme en la defensa del trasvase Tajo-Segura bajo el liderazgo de Carlos Mazón.
El acto contó además con la presencia de otras autoridades como Ana Serna, vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), otros diputados provinciales, alcaldes, concejales, regantes y agricultores de la provincia.
