Los equipos directivos de los institutos exigen un certificado que garantice la seguridad de los edificios antes de la vuelta a clase. La Conselleria asegura que las condiciones son aptas, pero la polémica continúa.
La polémica tras la DANA: ¿es seguro volver a clase?
Un mes y medio después de la DANA que devastó parte de la comarca de l’Horta Sud, la incertidumbre sigue presente en la comunidad educativa de tres institutos afectados: el IES 25 d’Abril de Alfafar, el IES Albal y el IES María Carbonell y Sánchez de Benetússer. La Conselleria de Educación anunció que el lunes 16 de diciembre estos centros retomarían la normalidad al 100%. Sin embargo, las direcciones de los institutos y las familias insisten en que no se cuenta con las garantías suficientes para asegurar la seguridad de las instalaciones.
Los equipos directivos reclaman que la Conselleria emita un certificado oficial que reconozca que las instalaciones son seguras tras las intervenciones realizadas por la empresa pública Tragsa. Según denuncian, la falta de un documento que asuma esta responsabilidad deja a los centros en una posición de vulnerabilidad.
Las familias exigen transparencia y garantías
La situación ha generado malestar entre las familias del alumnado, que no entienden por qué, después de tanto tiempo, sigue habiendo dudas sobre la seguridad estructural de los edificios. Vicente Conesa, presidente del AMPA del IES 25 d’Abril de Alfafar, expresó a À Punt Notícies que los documentos con las evaluaciones han llegado recientemente y que se revisarán el mismo lunes en el consejo escolar.
“Los verificaremos y evaluaremos, pero esto no es suficiente. Necesitamos garantías claras antes de enviar a los alumnos a clase”, comentó Conesa, subrayando la necesidad de transparencia por parte de la Conselleria.
Los equipos directivos rechazan asumir responsabilidades
La situación de incertidumbre ha puesto en el foco a los equipos directivos, a quienes se les ha dejado la difícil tarea de decidir si reabrir o no los centros. Susana Mozos, secretaria del AMPA del IES 25 d’Abril, denunció que la Conselleria está delegando una responsabilidad que no les corresponde.
“No pedimos únicamente un certificado de seguridad estructural, sino que sea la Conselleria quien asuma la responsabilidad de la reapertura”, afirmó Mozos. “Los centros no podemos cargar con esa decisión cuando no hay un documento que garantice que es seguro volver a las aulas”.
La Asociación de Directores alza la voz
La Asociación de Directores y Directoras de Escuela Pública del País Valencià (ADIESPV) también ha criticado la falta de acción por parte de la Conselleria. Su presidente, Toni Gonzàlez Picornell, aseguró que los propios responsables educativos han estado en los centros y no han emitido los certificados necesarios para validar su reapertura.
“Los centros quieren abrir, pero con unas garantías mínimas de seguridad. No puede haber dudas cuando se trata de la protección de estudiantes y personal docente. Si está claro que los edificios son seguros, solo hace falta emitir un documento que así lo certifique”, explicó Picornell.
Gonzàlez Picornell añadió que es “imprescindible” que las administraciones sean responsables y transparentes en situaciones tan delicadas como esta, donde la seguridad debe ser prioritaria. “No queremos que haya otra víctima por decisiones apresuradas”.
El sindicato STEPV pide la dimisión del conseller
La polémica ha escalado aún más tras un comunicado oficial de la Conselleria de Educación en el que se asegura que los tres institutos pueden reanudar su actividad con normalidad el lunes 16 de diciembre. El texto insinúa que la decisión de no reabrir corresponde a los propios equipos directivos, algo que ha provocado la indignación del sindicato STEPV, mayoritario en el sector educativo.
El sindicato ha calificado la actitud del conseller de Educación, José Antonio Rovira, como “inaceptable” y ha exigido su dimisión inmediata. “El conseller no puede continuar ni un minuto más en el cargo. Es inadmisible que intente responsabilizar a los equipos directivos cuando son ellos quienes están pidiendo garantías claras para proteger a toda la comunidad educativa”, expresó STEPV en su comunicado.
¿Qué está en juego? La seguridad y la confianza
La incertidumbre en los IES de Albal, Alfafar y Benetússer no solo afecta a las familias y al profesorado, sino que también pone de relieve la falta de claridad en la gestión de la crisis por parte de la Conselleria. La falta de un certificado de seguridad oficial y la delegación de la responsabilidad en los equipos directivos han generado desconfianza en toda la comunidad educativa.
Reflexión final
La reapertura de los centros afectados por la DANA debería ser un proceso transparente y basado en garantías técnicas indiscutibles. La seguridad de los estudiantes y del personal docente no puede dejar lugar a dudas ni a improvisaciones.
¿De quién es realmente la responsabilidad de garantizar que los edificios son seguros? Mientras la Conselleria insiste en que todo está en orden, los equipos directivos y las familias exigen respuestas claras y documentadas. ¿Es razonable que la vuelta a clase siga marcada por la incertidumbre?
La educación merece seguridad, no polémicas. ¿Estarán las autoridades a la altura de las circunstancias?
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