La subasta de los apartamentos del empresario Augusto César Tauroni en EE. UU. permite inyectar 878.735 euros a las arcas públicas valencianas. El dinero servirá para cubrir las indemnizaciones por el desvío de ayudas destinadas a Nicaragua.
Redacción | ValenciaNoticias.com Martes, 10 de marzo de 2026
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha logrado un éxito diplomático y judicial tras años de gestiones. La Sala de lo Civil y Penal ha recuperado exactamente 878.735,85 euros (más de un millón de dólares) procedentes de la subasta de dos apartamentos de lujo en Miami que pertenecían a la trama de corrupción liderada por el exconseller Rafael Blasco.
El dinero, transferido por el Tesoro norteamericano el pasado viernes, es el resultado de la ejecución de la sentencia de la pieza 1 del caso Cooperación. En esta causa se condenó en 2015 a siete personas por malversar subvenciones que debían mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales en Nicaragua.
El escándalo del 3%: De ayudas al desarrollo a pisos de lujo
La sentencia ratificada por el Tribunal Supremo fue demoledora en su día: de los 1,6 millones de euros invertidos por la Generalitat Valenciana en proyectos de cooperación, apenas el 3% (47.953 €) llegó a su destino.
El 97% restante fue desviado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles, entre los que se encontraban los dos apartamentos en Florida propiedad del empresario Augusto César Tauroni. Con esta nueva recuperación de fondos, el TSJCV ya ha logrado devolver a la Administración autonómica un total acumulado que supera los 1,5 millones de euros entre los diversos bienes embargados.
Próximo paso: Liquidación total con la Generalitat
Tras la recepción de los fondos desde Estados Unidos, el TSJCV ha acordado consultar al Tribunal de Cuentas para conocer la cifra exacta que queda pendiente de reintegrar a la Generalitat por todos los conceptos.
Esta operación no solo supone un resarcimiento económico, sino también un mensaje de contundencia contra la impunidad. La coordinación entre la magistrada de enlace en EE. UU. y el Alto Tribunal valenciano ha permitido que, 11 años después de la condena, el dinero que salió de los impuestos de los valencianos bajo el pretexto de la solidaridad internacional vuelva finalmente a casa.
