El Gobierno asegura que ha cumplido con todas sus responsabilidades en la gestión de la DANA en Valencia, rechazando el recurso que denuncia inacción y destacando el amplio despliegue de medios y efectivos en las zonas afectadas.

Un recurso que apunta al Gobierno central

La Abogacía del Estado y la Fiscalía han presentado ante el Tribunal Supremo sus argumentos en contra del recurso de la asociación Liberum, que acusa al Gobierno de inacción en la gestión de la DANA que afectó a Valencia y otras comunidades autónomas.

Liberum había solicitado como medida cautelar la implementación inmediata de actuaciones de emergencia, incluyendo acceso a agua potable, alimentos, atención médica, desinfección de zonas afectadas y campañas de sensibilización. Sin embargo, tanto la Abogacía como la Fiscalía sostienen que estas medidas ya están en marcha y que el recurso carece de fundamento.

Medidas ya adoptadas

En su escrito, la Abogacía destaca que “las actuaciones que se han desarrollado y se continúan desarrollando en las zonas siniestradas hacen innecesaria la adopción de medidas cautelares”. Subraya que el Gobierno central, en coordinación con la Generalitat Valenciana y otras administraciones, ha desplegado miles de efectivos y recursos materiales para hacer frente a la emergencia.

Medios movilizados

La Abogacía detalla el despliegue:

• 8.079 efectivos de las Fuerzas Armadas, junto con 2.056 medios, incluidos drones, helicópteros, maquinaria pesada y embarcaciones.
• 1.965 efectivos y 994 medios de la Guardia Civil.
• Más de 4.000 agentes de la Policía Nacional.
• 533 efectivos de policías locales, en colaboración con distintas comunidades autónomas.

Además, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, se han recibido recursos de países como Francia, Portugal, Italia, Bélgica y Suecia, y de naciones fuera de la UE, como Marruecos y Turquía.

Acciones realizadas

Entre las medidas ya implementadas, el Gobierno menciona:

• Eliminación del agua estancada en las áreas afectadas.
• Suministro de agua potable, alimentos y medicamentos en localidades sin acceso.
• Desinfección de zonas inundadas.
• Prestación de servicios médicos y sanitarios.
• Campañas de sensibilización sobre higiene y prevención de enfermedades.

Argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía respalda la postura de la Abogacía del Estado y destaca que tanto el Gobierno central como el autonómico han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar los servicios básicos y proteger a la población.

Cita, además, los reales decretos aprobados por el Ejecutivo el 5 y 11 de noviembre, y el decreto ley del Consell del 12 de noviembre, que establecen acciones concretas para paliar los efectos de la DANA, incluyendo ayudas económicas, exenciones fiscales y medidas de reconstrucción.

Rechazo a la inacción

Ambas instituciones niegan la acusación de inacción del Gobierno y califican el recurso de Liberum como infundado. Según la Abogacía, “acordar una medida cautelar ordenando tales medidas no produciría efecto alguno, ya que estas se están ejecutando desde el primer momento”.

La Subsecretaría del Ministerio del Interior, en un informe técnico, también respalda esta versión, describiendo de forma detallada las actuaciones desarrolladas en las zonas afectadas.

Una respuesta contundente ante la crisis

El despliegue de medios y la movilización internacional reflejan la magnitud de la emergencia y los esfuerzos realizados para mitigar sus consecuencias. La actuación coordinada de las administraciones públicas, junto con la colaboración de países europeos y aliados, ha permitido atender las necesidades urgentes de la población afectada.

¿Crees que la gestión del Gobierno ante la DANA ha sido suficiente para responder a las necesidades de los afectados?

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