La Abogacía del Estado presentó un recurso en el que se opone a la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de suspender temporalmente el ingreso en prisión de Carlos Fabra mientras el Gobierno resuelve su petición de indulto.
De esta forma, la Abogacía se suma así al recurso presentado en el mismo sentido por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el ingreso “inmediato” en prisión del expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra.
Carlos Fabra fue condenado a cuatro años de prisión por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a pagar una multa e indemnización que suman cerca de 1,4 millones de euros.
El expresidente de la Diputación solicitó al Gobierno central un indulto y la Audiencia Provincial de Castellón acordó suspender “temporalmente” el ingreso en prisión mientras el Gobierno se pronuncia sobre esta medida de gracia.
La Abogacía del Estado, que representa a la Administración Tributaria en el proceso con Fabra, dio a conocer su posición en un recurso de súplica.
El auto de la Audiencia Provincial explica que Fabra “ha manifestado expresamente su voluntad de atender el pago de las responsabilidades civiles”. Sin embargo, la Abogacía del Estado dice que tales manifestaciones no dejan de ser una “mera declaración de intenciones no acompañada por ningún hecho demostrativo de esa voluntad”.
Incluso confirma que no tienen constancia de que se haya producido “ingreso de cantidad alguno en la cuenta del órgano judicial”. En cuanto a que el penado ha ofrecido fincas y derechos de su titularidad para garantizar el pago de sus responsabilidades, la Abogacía asegura “desconocer” cuáles son estas propiedades y derechos ofrecidos. También cuestiona la voluntad de Fabra de “satisfacer las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública”.
De igual forma, en referencia a las dilaciones indebidas tenidas en cuenta para la suspensión temporal, el recurso asegura que ya se apreciaron en la sentencia y en la imposición de las penas, por lo que no se pueden volver a considerar. Por todo ello la Abogacía del Estado pide que se revoque la suspensión de la ejecución de la condena.
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