Valencia Noticias | Redacción.- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a la propietaria de una academia de idiomas de Valencia a la pena de tres años y seis meses de prisión por estafar 317.283 euros a la Universidad de St. Andrews (Escocia) en intercambios de estudiantes abonados por el ayuntamiento de la capital.
El tribunal considera probado que la mujer, en el mes de mayo de 2002, entabló conversaciones vía e-mail con el director del Departamento de Enseñanza de inglés de la Universidad de St. Andrews para establecer un proyecto de cooperación para intercambio de estudiantes. Este proyecto fue rechazado al no contemplar entre sus actividades dichos intercambios, pero se establecieron las bases para la organización de cursos de inglés por parte de estudiantes españoles en dicha universidad durante los meses de julio y agosto. A su vez, la mujer se concertó con la Concejalía de Juventud del ayuntamiento de Valencia para organizar las actividades idiomáticas y culturales incluidas en el Programa Lingüístico establecido dentro de la Campanya d’Estiu 2002.
Pese a conocer la inexistencia de un acuerdo de intercambio con la Universidad de St. Andrews, la acusada procedió en el verano de 2002 a organizar estancias de estudiantes españoles en las universidades a que se refería el contrato menor suscrito con el ayuntamiento, incluida la de St. Andrews, abonando a la misma, aunque con algún retraso, el importe de tales estancias. Para documentar el acuerdo de intercambio con la Universidad para el curso 2002, funcionarios del ayuntamiento entregaron a la acusada un convenio de colaboración que debía ser suscrito por el representante de la Universidad de St. Andrews, devolviéndolo la acusada con una firma que se atribuía al director del Departamento de Enseñanza de inglés de la Universidad. Sin embargo, éste ni firmó el convenio ni aceptó sus condiciones.
En 2003 la acusada volvió a contactar con la Universidad de St. Andrews para negociar y concertar una nueva estancia de estudiantes españoles en la misma, asegurando el pago de las estancias según los precios pactados con el representante de la universidad escocesa. Paralelamente, la acusada volvió a obtener del ayuntamiento de Valencia un nuevo contrato menor de obra para organizar y gestionar los cursos de intercambio que creía el ayuntamiento que había concertado la acusada en su nombre con diversas universidades europeas, todo ello a cambio, de nuevo, de la suma de 12.000 euros.
Se desplazaron hasta la universidad cuatro grupos de estudiantes en los meses de julio y agosto de ese ejercicio, y la mujer abonó los gastos de desplazamiento, pero no el importe de los cursos, con lo que generó una deuda con la universidad de 202.974 euros.
La Audiencia condena a la acusada tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa, así como a indemnizar a la universidad con 317.283 euros más los intereses legales. No obstante, el tribunal la absuelve de los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad documental, estafa procesal y alzamiento de bienes.
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