El futuro de la investigación de la DANA está en manos de la Audiencia
Todas las esperanzas están centradas en la Audiencia de Valencia respecto al caso de la DANA, sin importar su origen. La sección segunda, una de las más reconocidas y liderada por su presidente José Manuel Ortega, es responsable de resolver los recursos presentados contra las decisiones del juzgado de Catarroja, que ha tomado las riendas de las diligencias. Aunque varias fuentes judiciales coinciden en que el juzgado de Catarroja 3 podría no ser el más adecuado para una investigación de esta magnitud, no se cuestiona la capacidad del tribunal, considerado una garantía. Este mismo tribunal ya tomó decisiones en el caso del accidente del metro. Finalmente, será la Audiencia quien determine cómo proceder con la investigación, que se complica por la densa normativa, la diversidad de acusaciones populares y particulares, y la cantidad de víctimas mortales, que ya suman 228, de las cuales tres siguen sin ser localizadas.
Bernabé y Argüeso
Las primeras imputaciones en el caso recaen sobre la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas y su segundo al mando, quienes han recurrido su citación como investigados. Aunque ambos ya han declarado, pronto se conocerá el resultado de su recurso. La imputación de Pradas se debe a su papel como máxima responsable de la emergencia, según la jueza. La Fiscalía respalda esta acusación, aunque discrepa respecto a Argüeso, temiendo que su imputación se haya decidido solo por su cargo, sin evaluar si su actuación influyó en los acontecimientos. Esta discrepancia marca una separación inicial entre la magistrada y el equipo de fiscales asignados al caso.
La imputación de Argüeso
Pilar Bernabé testificó esta semana y señaló la inacción de la consellera Pradas, aunque ambas coinciden en un punto crucial: nadie alertó del peligro en el barranco del Poyo. Bernabé hizo mención de esta situación a las 19 horas tras recibir una llamada de la alcaldesa de Paiporta; no fue un tema de discusión, sino solo una advertencia. Además, Bernabé confirmó no haber recibido alerta alguna del CHJ ni de su presidente, Miguel Polo, quien participaba de la reunión de manera telemática. Algunas acusaciones han solicitado su imputación, aunque esto parece poco probable.
La duda de Miguel Polo
Miguel Polo, presidente del CHJ, sigue en el centro de la polémica. Aunque su ausencia en medios de comunicación es notable, en términos judiciales tiene poca relevancia. La Generalitat defiende que hubo silencio informativo por dos horas respecto al barranco. Según el CHJ, los datos se transmitieron por medio del SAIH, lo que equivale a compartir información vital en un grupo de WhatsApp en lugar de forma directa. Han solicitado que declare tanto como investigado como testigo. En el futuro, la Audiencia deberá pronunciase, ya que cualquier corrección de la jueza podría tener connotaciones políticas, especialmente dando alivio a un Consell en apuros con un presidente en una situación precaria.
Posibilidad de más imputados en la Generalitat
Emilio Argüeso ha propuesto la imputación del entonces jefe de bomberos, José Miguel Basset, y de Inmaculada Piles, jefa del servicio de coordinación de Emergencias 112, entre otros. La jueza aún no ha tomado una decisión. Cualquiera de los escenarios anticipa una apelación a la Audiencia. Un personaje clave en el caso es Jorge Suárez, subdirector de Emergencias y alto funcionario responsable de gran parte de los informes que la Generalitat ha remitido al juzgado. Su citación parece inevitable, independientemente de su estatus procesal.
El rol de la Abogacía
La Abogacía de la Generalitat ha intentado personarse en el caso como responsable civil, pero la jueza lo ha rechazado por no ser el momento procesal adecuado, una cuestión que seguramente llegará a la Audiencia. Varias acusaciones populares se oponen, argumentando que su participación responde a una estrategia del Consell para averiguar los avances de la investigación. Otro tema potencialmente conflictivo es la posible unificación de las acusaciones populares, una cuestión que la jueza aún no ha tratado. Podemos parece ser la entidad que primero abonó la fianza.
Ampliación de delitos
Al menos una asociación de víctimas ha recurrido a la Audiencia solicitando que se amplíen los delitos actualmente investigados. La jueza ha limitado la investigación a homicidios imprudentes por omisión, un delito difícil de imputar. El Tribunal Superior de Justicia ya rechazó investigar directamente al presidente Mazón bajo este tipo de acusación. Una organización de afectados insiste en incluir prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro.
