La CNMC publica un Informe sobre el Reglamento para la infraestructura de la calidad y seguridad industrial

imagesLa CNMC publica un Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento para la infraestructura de la calidad y seguridad industrial

 Advierte que para recuperar la obligación de acreditación previa de los Organismos de Control es necesario justificar  razones imperiosas de interés general


La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) publica un Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento para la infraestructura de la calidad y seguridad industrial y realiza una serie de observaciones para asegurar un funcionamiento eficiente y competitivo. 

El Proyecto de Real Decreto propone una serie de cambios sobre el Reglamento para la infraestructura de la calidad y seguridad industrial. En concreto, propone recuperar el régimen de acreditación previa para los operadores que deseen convertirse en Organismos de Control, que había sido declarada nula por la jurisprudencia; se sustituye la autorización de la Entidad Nacional de Acreditación por una declaración responsable ante el órgano competente de la comunidad autónoma; y se modifica la estructura de la Asociación Española de Normalización (AENOR) exigiéndole la separación funcional, jurídica y contable de las actividades de normalización de cualquier otra actividad que desarrolle.

La CNMC realiza las siguientes consideraciones:

  • Para recuperar la obligación de acreditación previa de los Organismos de Control es necesario justificar  razones imperiosas de interés general, dado que es imprescindible cumplir la legislación nacional y comunitaria (Directiva de Servicios y Leyes de transposición al ámbito nacional) y la propia jurisprudencia nacional (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012).
  • La CNMC valora positivamente la introducción de la declaración responsable en sustitución de la autorización previa. Se recuerda que en aquellas ocasiones en las que la autoridad competente justificase la necesidad de acreditación previa ante la Entidad Nacional de Acreditación debería eliminarse el requisito de declaración responsable, para evitar el riesgo de incurrir en una “doble autorización”, injustificada por innecesaria.
  • Se valora positivamente la separación funcional, jurídica y contable de las actividades de normalización de cualquier otra actividad de AENOR, garantizando que sus actuaciones se ajusten a principios de no discriminación e igualdad de trato. No existe ni en la normativa nacional ni en la comunitaria ningún impedimento para que surjan nuevas entidades de normalización en España.


La posición privilegiada de AENOR (monopolio de facto en la actividad de normalización) podría deberse, al menos parcialmente, a las características del mercado, pero también a motivos históricos y a ciertas distorsiones derivadas de la actual regulación, entre las que cabe citar, por ejemplo, cuestiones relativas a su financiación y objeto de actividad:

  • Fijación de precios en relación con las funciones de edición y venta de normas atribuida a los organismos de normalización: el art. 11 del Reglamento incluye esa obligación, señalando que dichos precios se fijarán de común acuerdo con la Administración que lo reconoció. Se considera procedente justificar adecuadamente el papel de la Administración en dicho proceso, ya que formalmente dichos organismos no son entes vinculados a ella sino entidades privadas. En cualquier caso, debería garantizarse que con los mismos se produce una mera recuperación de los costes incurridos, introduciendo en la medida de lo posible incentivos a la eficiencia en la gestión.
  • Mantenimiento de la denominación: en caso de que se produjera la presencia de operadores adicionales en la actividad de normalización, no parecía a priori desproporcionado que el operador histórico a nivel nacional de la actividad de normalización (AENOR) pudiese, de forma motivada, conservar su denominación para dicha actividad. No obstante, sí sería conveniente exigir que para el resto de actividades que pudiera realizar dicho organismo de normalización (por ejemplo, en el campo de la evaluación de la conformidad, como organismo de control) se exigiera una independencia tanto de criterio y funcionamiento como de forma (obligando a un cambio de denominación para esta última actividad y a contar con personalidad jurídica diferenciada), evitando así posibles subvenciones cruzadas.
  • La Administración Pública puede generar, en ocasiones, una demanda implícita de los servicios de AENOR. Por ejemplo, si estableciese en la regulación o en sus pliegos de aprovisionamiento, el cumplimiento de normas emitidas por AENOR, sin establecer parámetros equivalentes. Estos riesgos para la competencia efectiva deben ser evitados.


La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en ejercicio de las competencias de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Acceso al informe

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