Valencia Noticias | Redacción.– Alzira, municipio representativo por su estructura poblacional, será el nuevo laboratorio de políticas públicas de la Comunitat Valenciana. La Diputación, junto a la Universitat de València, el ayuntamiento de Alzira y la Generalitat, han firmado una declaración de colaboración para estudiar la situación de los servicios sociales en la mancomunidad de la Ribera Alta. Esta iniciativa multinivel nace con la vocación de ser aplicada y con la voluntad de evaluar las medidas tomadas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía valenciana.
En esta alianza entre administraciones, se ha planteado realizar un análisis crítico de las fracturas sociales y definir de manera colectiva una nueva visión de las políticas públicas. Para ello, durante el acto han intervenido la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo; el presidente de la mancomunidad de la Ribera Alta, Txema Peláez; el vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universitat de València, Antonio Ariño; y la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.
“Es necesario avanzar en el tratamiento de realidades diferentes, ya que la realidad de un pueblo pequeño no es la misma que de una ciudad, así como las características de las zonas de interior o de costa”, ha señalado Rosa Pérez Garijo. La encargada del área de Inclusión Social de la Diputación de Valencia ha puesto en valor la labor del ente provincial en la mejora de los servicios sociales, con una inyección de 4.750.000 euros en 2016, cifra que se ha casi duplicado en 2017, con 9.399.236 euros.
Un acuerdo entre diferentes niveles de gobierno
Dentro de las competencias asumidas por cada una de las instituciones, el acuerdo pretende diseñar e implementar una investigación en la Ribera Alta, como experiencia piloto en generación de conocimiento en el ámbito de los servicios sociales. Asimismo, las estrategias y propuestas de mejora serán aplicadas a través de las evidencias científicas, puesto que cada región posee unas necesidades especiales.
“Vivimos tiempos de exclusión social y de fracturas”, se ha lamentado el catedrático de Geografía Humana Joan Romero, en una ponencia tras la firma del protocolo. “La ciudad es fundamental como espacio para el diseño y concreción de políticas públicas, y de esta forma evitar que las fracturas sociales se vuelvan crónicas”, ha añadido.
En este sentido, se considera fundamental el papel de las universidades públicas como generadoras de conocimiento a través de investigaciones aplicadas y su evolución. Y sin olvidar su importante elemento participativo, los profesionales del sector deberán validar los indicadores fruto de este estudio exhaustivo. Por su parte, la diputada Pérez Garijo ha remarcado que “los profesionales tienen que jugar un papel fundamental en el nuevo modelo, porque son quienes mejor conocen las necesidades en cada municipio”.
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