El principal punto del desacuerdo de la Generalitat para gestionar en el futuro el trasvase Tajo-Segura se centra en el establecimiento del caudal ecológico en 8,6 m3/segundo a su paso por Aranjuez a partir de 2027. Actualmente, esa cota está fijada en 6 m3/segundo, de tal manera que si se materializa la modificación planteada, los intereses de las comarcas que se nutren del trasvase -Vega Baja, l*Alacanti y Vinalopó- se verían perjudicados.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su oposición a cualquier medida que pueda suponer una disminución de la cantidad de agua que reciben esas zonas porque es un recurso básico para las mismas ,y en este tema, por encima de cualquier otra consideración, la defensa de los intereses de los regantes alicantinos constituye una prioridad “absolutamente irrenunciable” para el gobierno.
Ante esta situación, los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando los pormenores del proyecto presentado para el nuevo Plan Hidrológico del Tajo a fin de preparar la argumentación jurídica que permita revertir un planteamiento que, en opinión compartida por el Consell y las propias organizaciones de regantes, “carece de justificación técnica, política e hidráulica”. Una vez quede aprobado, la Generalitat Valenciana presentará un recurso en defensa de los derechos de los regantes de la Comunitat Valenciana.
No obstante, y pese al rechazo hacia el aumento del caudal ecológico a partir de 2027, desde la Generalitat también se pone de relieve que las negociaciones mantenidas con el Ministerio para la Transición Ecológica han ofrecido como resultados que no se cuestione la continuidad del trasvase en el futuro.
Asimismo, destacan las inversiones millonarias que contempla el citado departamento del Gobierno central para acometer obras de canalización y acondicionamiento que permitan la distribución de agua desalada desde Torrevieja, y a un precio razonable, a las comarcas alicantinas y, de este modo, asegurar un suministro de agua regular y adecuado.
