La Guardia Civil, en el marco de la operación SCAMCALL, ha detenido en la provincia de Barcelona a seis personas y ha imputado a otras tres por cometer estafas a usuarios de telefonía, mediante la utilización de líneas telefónicas de tarificación adicional. Se les imputa los delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Las víctimas recibían una llamada telefónica de un terminal de telefonía móvil al que no daba tiempo a contestar por su escasa duración. Al devolver la llamada les saltaba una voz automatizada que les informaba de la entrega de un paquete postal para el que tenían que llamar al 90-5X-XX-XXX, desconociendo que se trataba de una línea de tarificación adicional, ya que en la alocución que recibían comenzaba con el número “90” en lugar de “905”.
La operación se inició tras la denuncia interpuesta por un usuario ante la Guardia Civil de Burgos sobre el posible caso de una estafa telefónica.
Tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se detectó a un grupo delictivo que sistemáticamente realizaba este tipo de estafas a usuarios de telefonía y se puso al descubierto numerosos casos similares ocurridos en toda España.
Modus operandi
La red utilizaba 21 líneas “905”, contratadas con una operadora, con las que habían recibido un total de 64.229 llamadas de teléfonos ubicados en todo el territorio nacional.
El usuario, tras recibir una llamada muy breve que no daba tiempo a contestar, la devolvía para conocer de qué se trataba y le saltaba una voz automatizada que decía: “Servicio exprés de mensajería. Tenemos pendiente de entregar un paquete para usted. Si es titular del número de teléfono, por favor, contacte con nosotros al teléfono 90-5X-XX-XXX, repito 90.5X.XX.XXX”, el cual era de tarificación adicional.
Con estas llamadas, la organización había generado unos ingresos superiores a los 114.000 euros y había estafado a cerca de 65.000 personas.
Los beneficios obtenidos eran inmediatamente retirados de las cuentas de depósito y transferidos a otras cuentas de sociedades creadas y controladas por el grupo, con el fin de repartírselos y así dificultar la localización de los miembros de la red y eludir sus obligaciones tributarias.
Se han realizado tres registros domiciliarios en la provincia de Barcelona donde se han intervenido equipos y soportes informáticos, terminales de telefonía móvil, joyas, talones al portador, abundante documentación relacionada con los delitos investigados, así como un programa informático utilizado habitualmente para el envío de llamadas masivas.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Burgos, en coordinación con la U.O.P.J. de Burgos.
VLC Noticias | Redacción
