Hemos asistido este domingo a la concentración convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunitat Valenciana en la plaza del Ayuntamiento, en la que víctimas civiles, militares y policiales, se han unido para alzar la voz contra las recientes decisiones de la Audiencia Nacional respecto a la aplicación de la Doctrina Parot que han acabado sacando a la calle a varios etarras -el pasado viernes una nueva hornada de 9 etarras fueron puestos en libertad- de los 54 que se cree pueden verse favorecidos por la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Así, la asociación presidida por Francisco Morato, ha salido a la calle para hacerse escuchar, para no sólo protestar contra los errores gubernamentales que han hecho posible esta “excarcelación masiva de asesinos y criminales”, sino también para pedir medidas que impidan que dichos criminales perciban, además, indemnizaciones por tal despropósito legal.
“Altos cargos del Gobierno han declarado que el Estado ha hecho todo lo que podía y que los jueces no tienen más remedio que acatar la sentencia”, lamentaba Morato, pero “flaco favor está haciendo la Audiencia Nacional y concretamente la Sala de lo Penal presidida por el Fernando Grande-Marlaska a la verdadera aplicación de la Justicia en nuestro país, ya que se trata de un tribunal que no tiene competencias para hacer lo que está haciendo mancillando la dignidad de todas las víctimas del terrorismo. Especialmente doloroso resulta que haya sido su voto de calidad como presidente de la Sala la que haya inclinado la balanza para poner en libertad este viernes a 9 terroristas”.
Se lamentó igualmente Francisco Morato de la escasa suerte que ha corrido el intento, por parte de él mismo y de todo su equipo, de dar difusión a la convocatoria de la concentración de hoy entre los medios de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos, así como digitales, encontrándose unas veces con la pasividad y otras incluso con la pretensión de cobrar por tal difusión. El resultado es que han acudido a la cita muchas menos personas de las que podrían haber acudido de haberse enterado, ya que “sé que en Valencia hay una gran mayoría que está con las víctimas”.
Se quejó Morato en su parlamento de la actitud del actual Gobierno, que ha hecho llegar a los jueces la consigna de que “si la Doctrina Parot no era anulada, quedaría arruinado el proceso de paz en el País Vasco”. Sin embargo, recordó el presidente de la AVTCV, se sabe que existen al menos 300 armas entre pistolas, metralletas y fusiles, así como al menos 12 toneladas de material explosivo, en manos de los terroristas, datos que distan mucho de sugerir un alto el fuego fiable por parte de la banda.
Recordó Morato, en lo que al supuesto alto el fuego decretado por ETA se refiere, las palabras de un político vasco, “un cura”, señaló el presidente de la AVTCV, que aseguró hace apenas unos días que el “conflicto” no acabaría hasta que se excarcelara a todos los “presos políticos”. Morato explicó cómo algún cura de pueblo negó la entrada de los féretros de los asesinados por ETA para la celebración de un funeral, mientras en otras iglesias se permitían homenajes a los etarras fallecidos mientras colocaban alguna bomba o en enfrentamientos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
También se lamentó la organización, en las universidades valencianas, de conferencias pancatalanistas con la participación de conocidos terroristas haciendo gala de ello y amparándose en la libertad de expresión, haciendo auténtica apología del terrorismo y del uso de la violencia. “Tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano”, comentó Morato que se le había dicho desde el órgano rector de la Universidad ante la pregunta de por qué se permitía tales actos.
Es por ello que las víctimas del terrorismo “solicitamos al Gobierno que tenga en cuenta los principios rectores que deben regir el modelo de un final de ETA sin impunidad, de acuerdo con el documento que suscribimos el 23 de noviembre de 2010 (Decálogo de las víctimas del terrorismo) y que sigue estando plenamente vigente”, siguió Morato. “Nuestra sociedad no debe olvidar que en un Estado de Derecho, el derecho a la justicia no es negociable ni relativo. Si se permite algún tipo de impunidad, muchas de las víctimas no podrán completar su duelo”.
La rapidez de la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Barcelona, respectivamente, en aplicar la sentencia del TEDH -menos de 24 horas- es también motivo de rabia y dolor por parte de las víctimas, ya que a su criterio “el Estado tiene margen para, al menos, demorarse en el cumplimiento del fallo”, entre otras cosas porque “el actual marco jurídico español no permite la ejecución en España de las sentencias de dicho tribunal internacional”. Por esta razón, la AVTCV pide al Gobierno del Sr. Rajoy que “mientras no se apruebe ley orgánica que incorpore al ordenamiento jurídico español las Sentencias del Tribunal de Estrasburgo (…) no se acaten sentencias de un tribunal que no pertenece a las instituciones de la Unión Europea y cuyas sentencias son declarativas y no vinculantes”.
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Confederación de Española de Policía (CEP), así como la Asociación Profesional de Criminología de la Comunidad Valenciana y el Sindicato de Policías Locales de la Comunidad Valenciana (SIPOL – CV), apoyaron la concentración con su presencia y con las palabras que sus máximos representantes dedicaron a los presentes.
Pablo Ibáñez Cano, presidente de la Asociación Profesional de Criminología de la CV, arrojó luz sobre las dudas que existen sobre las consecuencias de la sentencia del TEDH, en el sentido de que la Doctrina Parot no ha sido derogada ni mucho menos. Tan sólo se ha derogado su aplicación con carácter retroactivo, esto es, en casos anteriores a 1995. Por otro lado, también aclaró que el problema se ha dado por errores de los poderes legislativos y judiciales españoles, toda vez que las sentencias del TEDH no implican obligatorio cumplimiento, resaltando su compromiso al lado de las víctimas y en contra de los criminales.
Por su parte, Salvador Gimeno, secretario general de SIPOL – CV, intervino también en apoyo de las víctimas e hizo un llamamiento a la sociedad para que no perdone ni olvide, puesto que las víctimas somos todos.
El momento más emotivo de la concentración lo protagonizó Rosa Folch, madre de Desirée, una de las niñas de Alcàsser, que entre sollozos expresó su adhesión a la petición de la AVTCV puesto que ella misma teme la puesta en libertad de Miguel Ricart, uno de los dos criminales que se ensañaron con especial crueldad antes de matar a su hija y a las otras dos niñas. El dolor se palpaba en la plaza del Ayuntamiento en una soleada mañana de noviembre.
VLC Noticias / Javier Furió
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