Las familias de menores con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y los centros que les atienden han denunciado que la Conselleria de Sanidad les adeuda un millón de euros, cuyo impago pone “en peligro” la continuidad del tratamiento de 400 niños y obligará al despido de parte del personal.
En un comunicado, este colectivo ha asegurado que si Sanidad no pone solución a esta deuda podrían ser cerrados algunos de los centros “lo que supondría un perjuicio incalculable para todos estos pequeños y para sus familias”.
Fuentes de la Conselleria de Sanidad han reconocido que se les adeuda facturas de 2011 y 2012 y la “principal posibilidad que se maneja de pago está en función de la disponibilidad del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)”.
Las fuentes han señalado que en “ningún momento” la Consellería de Sanidad tiene intención de dejar de prestar este servicio, que incluye técnicas cognitivo-conductuales a niños entre 2 y 7 años, es decir, desde su diagnóstico hasta su escolarización en centros de educación especial.
Los afectados por estos impagos afirman en la nota que la Conselleria de Sanidad les ha comunicado en distintas reuniones que no tienen “dinero y no saben cuándo van a tener”.
“Las posibilidades que han dado son o bien pagar a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que tienen previsto para marzo, pero sin ninguna garantía de que estas deudas estén incluidas, o bien con dinero del presupuesto de 2013”, indican.
Para las familias, una de las mayores preocupaciones es la continuidad de estos tratamientos ya que, según afirman, la Conselleria les ha trasladado que si no hay fondos “están barajando la posibilidad de eliminar este servicio sanitario, fundamental para los niños con TEA”.
“Esto dejaría en total desamparo a muchos de estos niños, ya que sólo recibirían el tratamiento adecuado aquellos que se lo pudieran permitir, lo que significa, y más en estos tiempos de crisis, una Sanidad para ricos, una Sanidad para los que la puedan pagar”.
Ante esta situación, han convocado una concentración frente a la Conselleria de Sanidad el próximo 26 de febrero bajo el lema “¿Y qué culpa tengo yo?” y una recogida de firmas de apoyo.
Es la primera de una serie de acciones acordada en asamblea por los familiares de los niños afectados y por los 10 centros que han iniciado la protesta: Fundación Mira’m, Attem, Red Cenit, Cedin, Escolta’m, Asociación Prader-Willi, Piced, Gabinete Carmina Casillas, Gabinete Inma Alapont y VIA-D.
“No todos los centros están en la misma situación, pero para algunos es ya insostenible, sin siquiera efectivo para afrontar los pagos de nóminas, alquiler del local, gastos comunes y demás pagos del mes de febrero”, aseguran las fuentes.
Otros centros “tienen incluso las cuentas embargadas por impagos a la Seguridad Social, con los trabajadores sin percibir su salario en varios meses, y al impago se suma el hecho de haber pagado impuestos de facturas no cobradas”.
VLCCiudad/ Redacción
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