En el partido judicial de Valencia, se han contabilizado, además, 370 apoderamientos para poder presentar demandas por las pérdidas ocasionadas por el producto bancario de las preferentes. Estos apoderamientos, acreditación de representación a un procurador, pueden convertirse en demandas en cualquier partido judicial.
Los juzgados de Primera Instancia del partido judicial de Valencia han registrado entre el 1 de febrero y el 31 de mayo 197 demandas relacionadas con el producto bancario de preferentes. Los jueces de la jurisdicción civil han mostrado su preocupación ante el constante incremento de presentación de este tipo de demandas, y de algunas otras relacionadas igualmente con complejos productos bancarios que han provocado importantes pérdidas de capital a quienes los suscribieron, han iniciado, junto al decano de los juzgados de Valencia, Pedro Viguer, una serie de iniciativas de análisis de la mejor forma de organizar mejor esta entrada específica de asuntos para dar la mejor y más eficaz respuesta a los afectados.
La próxima semana, el martes, se celebrará una junta específica para abordar la posibilidad de abrir una categoría de clasificación de los asuntos de este tipo (preferentes, swaps…) que se registran para poder dimensionar su impacto de manera inmediata. Además, se estudiarán formas de reparto para garantizar una gestión más eficaz de la progresión de los procedimientos.
En el gráfico adjunto, se recogen, además de las demandas de preferentes registradas entre febrero y mayo y las entidades a las que afectan, los actos de apud-acta, de representación a un procurador, para poder presentar una demanda. Estos actos, que no son propiamente una demanda presentada, sirven para facultar a un tercero a que la presente, y puede hacerlo en cualquier partido judicial. El gráfico recoge los titulares de esas apud-acta.
Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, ha expresado su preocupación por el incremento detectado en sólo cuatro meses de este tipo de asuntos, y ha trasladado a los magistrados de civil y la sala de Gobierno que “se arbitrarán los mecanismos adecuados para poder gestionarlos con la mayor eficacia”.
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