Sarriá considera que hasta los tribunales son conscientes de la desidia y aburrimiento en que está instalada la alcaldesa y sus concejales
El concejal socialista Vicent Sarriá ha denunciado hoy que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia ha condenado al ayuntamiento al pago de 1.500 € en un recurso donde una mercantil les acusa de inactividad por falta de pago del justiprecio de una expropiación de fecha 4 de julio de 2012, que debió ser pagada antes de 6 meses.
Aunque el justiprecio de 603.672 euros, por la expropiación de un conjunto de edificaciones ruinosas del camino de Albors en Orriols, destinadas a viales para conectar el barrio con la ronda norte, se ha pagado finalmente en fecha reciente con cargo al presupuesto de 2014, la mercantil reclamó que tal como establece la ley de Expropiación Forzosa a los 6 meses de la resolución del Jurado provincial de Expropiaciones debe abonarse la cantidad a los interesados, o en caso contrario se pagarán los correspondientes intereses.
“Esto es un despilfarro intolerable de los recursos municipales y una mala práctica urbanística intolerable” ha contestado Sarrià, para quien la desidia y aburrimiento en que está instalada la Alcaldesa y sus concejales está suponiendo un malbaratamiento del dinero de los ciudadanos, porque por su inactividad no solo se paga el valor del terreno fijado en el justiprecio y los intereses legales por tardar casi dos años en pagar, sino que además se pagan 1.500 euros de costas judiciales.
El caso de la expropiación de la Ceramo
Sarrià ha denunciado esta práctica del Gobierno Municipal de guardar en los cajones las resoluciones del Jurado provincial de Expropiaciones, y programar su pago de manera habitual cuando han transcurrido más de 18 meses, lo que supone pagar intereses a partir de los 6 meses de la resolución.
En estos momentos, ha comentado Sarrià, hay más de 35 millones de euros de resoluciones y sentencias pendientes de pago, entre justiprecios e intereses, y cada día se producen nuevas, por lo que la Alcaldesa va a dejar una deuda en expropiaciones a la próxima Corporación en torno a los 50 millones de euros.
El concejal socialista ha recordado el caso de la Ceramo, que tiene resolución del Jurado Provincial de Expropiaciones desde abril de 2013 por un importe de 2.100.000 € y que todavía no ha sido pagada por el Ayuntamiento, por lo que está generando intereses desde los 6 meses, y la deuda se podría situar ya en torno a los 2,5 millones €.
Además, tal como ha denunciado reiteradamente el grupo municipal socialista esta expropiación solo consigue la titularidad de una parte de la Ceramo, ya que el Gobierno Municipal se ha negado a protegerla de una manera integral y mantiene en parte del edificio la posibilidad de construir un edificio de viviendas derribando esa parte de la fábrica.
Sarriá ha recordado que se trata de una mala práctica urbanística más del Gobierno Municipal, porque han sido incapaces no solo de conseguir la Ceramo a través de un convenio de colaboración y la correspondiente permuta, sino que además tal como recoge la propuesta municipal del Catálogo de Bienes Estructurales de Naturaleza Urbana, los HORNOS que son el elemento fundamental del edificio protegido quedarán integrados bajo un nuevo edificio residencial de 5 alturas.
Es una desvirtuación total de la antigua fábrica de Tejas y Mayólicas LA CERAMO, ha comentado Sarriá, yt una mutilación del edificio, tal como el Gobierno Municipal hizo con la Tabacalera.
El citado Catálogo, que propone la Ceramo como Bien de Relevancia Local, dice que “constituye un ejemplo de arquitectura industrial de componente fuertemente artesanal, vinculada de modo particular a la historia local de un barrio de Valencia deficitario en patrimonio arquitectónico”, para a continuación afirmar que se protegen “especialmente los hornos cerámicos”, pero que deberán integrarse en la edificación de uso residencial prevista en la parte recayente a José Grollo”.
Sarriá considera que el Gobierno Municipal es incapaz de sacar adelante ninguno de los temas atascados que tiene en la ciudad, y éste es sin duda de los que menos problemas generarían, ya que la adquisición de inmuebles a través de permutas sólo requiere de voluntad política.
Todavía estamos a tiempo, ha manifestado Sarriá, de “evitar este atentado patrimonial” y parece conveniente que la Alcaldesa salga del limbo en que se encuentra y comience a trabajar por la ciudad, para evitar el deterioro de la Ceramo y la rehabilitación total del edificio, ya que gastar 2,5 millones para conseguir “un trozo de la Ceramo” es un despilfarro económico que mantiene el atentado patrimonial al no proteger la totalidad de la fábrica.
Por ejemplo, Sarriá ha recordado que el anterior Ministerio de Cultura que intentó ampliar el Museo de Cerámica de Valencia para poner exponer numerosas colecciones que se guardan en los almacenes por falta de espacio, y plantearon que sería una buena iniciativa destinar la Ceramo para la dicha ampliación, pero está visto que el Gobierno Municipal ni siquiera recogió la iniciativa como interesante y no ha mantenido contactos con el Ministerio de Cultura, ni antes ni ahora.
Para Sarriá sería conveniente desbloquear esta situación cuanto antes. Por un lado, ya es inevitable pagar a la propiedad el justiprecio que ha marcado el JPE de 2,5millones de euros con los intereses, pero sería razonable llegar a un acuerdo para trasladar la edificabilidad y garantizar que la totalidad de la Ceramo se rehabilite, ya que mutilar un edificio de ese valor sería una irresponsabilidad y un grave atentado patrimonial.
Por otro lado, la fábrica podría destinarse a la ampliación del Museo Nacional de Cerámica, manteniendo también actividades culturales y divulgativas relacionadas con la cerámica, y para ello Sarriá insta a la Alcaldesa a conseguir un convenio con el Gobierno para su financiación y usos.
VLC Noticias | Redacción
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