Ocho mayores salen de residencias en una semana tras el protocolo que permite pedir la baja voluntaria del centro

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Ocho mayores han salido ya en una semana de centros de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, después de quedar listo el protocolo elaborado por el departamento que dirige Mónica Oltra, que permite la baja voluntaria de las residencias de mayores en situación de dependencia y personas con diversidad funcional “siempre que se garantice su bienestar”.

Desde que se anunció el protocolo el pasado 31 de marzo, ocho mayores han causado baja voluntaria en estos centros: cinco de la provincia de Valencia, uno en Castellón y dos en Alicante, según los datos facilitados a Europa Press por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La crisis sanitaria por el coronavirus tiene especial incidencia en las residencias de mayores, donde se han detectado casos positivos en 98 de ellas en la Comunitat Valenciana: 12 en Castellón, 26 en Alicante y 60 en Valencia. Según los datos a fecha de este domingo, han dado positivo al coronavirus 791 residentes y 206 trabajadores. Un total de 166 usuarios han fallecido.

El pasado 3 de abril, la Generalitat comenzó la reagrupación de de los mayores de las residencias de la Comunitat afectados con coronavirus con el objetivo de tratar a los pacientes como si estuvieran en hospitales. En la autonomía, hay además once residencias intervenidas bajo vigilancia sanitaria: tres en Castellón, cuatro en Alicante y cuatro en Valencia.

PROTOCOLO

El protocolo, consensuado con la Conselleria de Sanidad, tiene en cuenta que la solicitud afecte a una persona con plena capacidad de obrar y que sea en un centro libre de contagios de coronavirus.

Esta fórmula se aplica en las residencias o viviendas tuteladas que no tengan personas que hayan dado positivo en la prueba de Covid-19 o con síntomas compatibles entre sus residentes o profesionales. En los que sí, se implantará tras recabar las autorizaciones de la Conselleria de Salud Pública.

En general, el objetivo es facilitar el trabajo de los centros y dar tranquilidad a las familias, garantizando en todo momento la seguridad, la salud pública, el bienestar de la persona y la no vulneración de derechos.

La solicitud de baja la puede realizar el residente si tiene plena capacidad de obrar y suficiente juicio para autodeterminarse, así como familiares o tutores legales. Una vez autorizado, el traslado podrá ser a su propia vivienda, a la del familiar que lo solicita o a la residencia de otro miembro de la familia.

En todo caso, el familiar que vaya a ejercer de cuidador deberá comprometerse de manera fehaciente y firmar una declaración responsable sobre la idoneidad de la vivienda a la que se le vaya a trasladar.

La dirección del centro proporcionará elementos de protección para su salida, asegurándose de que el familiar responsable los recibe y se hace cargo. También se encargará de proporcionar un certificado para que se pueda justificar el traslado durante el estado de alarma.

PRESTACIONES RECONOCIDAS

El residente que tenga un grado de dependencia y/o derecho a la prestación profesional residencial podrá elegir la suspensión temporal del servicio. En este caso, mantendrá el derecho a ocupar y retornar a esa misma plaza una vez finalizado el estado de alarma, debiendo cumplir con las obligaciones administrativas y el pago de tasas.

Si tiene reconocida una prestación vinculada al servicio, se le seguirá abonando siempre y cuando satisfaga el pago. Si, por el contrario, elige la baja, se entenderá que existe una renuncia a la prestación determinada en el PIA (programa individual de atención) o en la resolución reconocida en su día.

Los que estén en esta situación, una vez finalizado el estado de alarma, podrán volver a solicitar el recurso para la atención a personas en situación de dependencia que consideren, sin que el grado reconocido previamente se vea afectado por esta decisión.

 

 

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