Valencia Noticias | Redacción.- Tal y como ocurriera esta mañana con Serafín Castellano, el Presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Alfredo Castelló, y la Vicesecretaria del mismo, Tania Ortiz, han acordado suspender de militancia al alcalde en funciones de Quartell, Francisco Huguet y a Emilio Máñez, un exconcejal del mismo municipio valenciano, detenidos ambos junto a Serafín Castellano en la misma causa aunque esta tarde ya habían sido puestos en libertad sin fianza, aunque no ha trascendido si se han presentado cargos contra ellos.
Concretamente se les ha abierto un expediente informativo a ambos ediles y su suspensión cautelar de militancia del PP valenciano por “deteriorar la imagen del partido” con su detención, y como ya ocurriera esta mañana en el caso del ex conseller Serafín Castellano, por “la alarma social suscitada”.
Tanto esta medida como la que se refiere a Serafín Castellano deberán ser ratificadas en la próxima reunión ordinaria del Comité de Derechos y Garantías.
La dirección del PPCV afirmaba en un comunicado que las informaciones publicadas en los distintos medios de comunicación suponen “un deterioro público muy significativo de la imagen del PPCV dada su gravedad”.
Si la situación del Partido Popular ya era desesperada en la Comunidad Valenciana tras los resultados electorales del pasado domingo, este nuevo episodio de corrupción parece ahondar en lo que ya es una auténtica ‘sangría’ de votos de cara a unas Elecciones Generales que se antojan, cada día, más imposibles de superar para Mariano Rajoy.
CASTELLANO, EN LIBERTAD PERO SIN PASAPORTE
En lo que al ya ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha sido puesto en libertad también pero se le ha retirado el pasaporte para que no pueda salir del país, lo que hace suponer que la juez del numero uno de instrucción de Sagunt encuentra suficientes elementos de de fuga en el ex conseller popular.
La investigación que ha desembocado en las detenciones y los registros practicados hoy en Benissanó y Valencia tienen como objeto esclarecer las adjudicaciones hechas por el propio Castellano cuando era conseller de Gobernación y Justicia a la empresa Avialsa para la extinción de incendios entre los años 2008 y 2010.
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