El ex conseller deberá además devolver, solidariamente con Sanjuán; Catalá, Llopis, Felip y Llinares, la totalidad de los fondos indebidamente dispuestos, hasta el último euro | El empresario Tauroni obtiene una pena de 8 años de prisión y pagar a la Generalitat Valenciana casi 2 millones de euros
La sentencia de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), le impone al ex conseller y actual diputado de Les Corts, Rafael Blasco, una pena de 8 años de prisión como “criminalmente responsable en concepto de autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito de tráfico de influencias, un delito de prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad en documento oficial. También le impone una pena de 20 años de inhabilitación absoluta.
A Agustina Sanjuán le impone el tribunal 7 años, 6 meses y un día de prisión y inhabilitación especial para ocupar cargo público por 18 años. En su caso, la pena se le impone como criminalmente responsable en concepto de cooperadora necesaria de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación administrativa en el que intervino en calidad de cooperadora necesaria y como autora de un delito continuado de falsedad en documento oficial. También se le impone una pena de 17 años, 6 meses y un día de inhabilitación absoluta.
A Marcos Antonio Llinares, como criminalmente responsable en concepto de cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa en concurso con un delito de continuado de falsedad en documento oficial del que aparecería como autor, se le impone una pena de 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15 meses y un día de multa con una cuota diaria de 15 € -un total de 6.765 €-. Por el delito de prevaricación se le añade una pena de 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier empleo o cargo público.
A Javier Llopis, como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de falsedad en documento oficial, se le impone las penas de pena de 3 años de prisión, multa de 6 meses con una cuota diaria de 15 € -un total de 2.700 €- e inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público durante el tiempo de dos años.
A Josep Maria Felip, como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa, se le impone la pena de 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier empleo o cargo público.
A Alejandro Catalá, como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial, se le impone una pena de 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15 meses y un día de multa, con una cuota diaria de 15 € -un total de 6.765 euros-, así como una pena de 4 años y un día de inhabilitación especial, para el desempeño de empleo o cargo público por el delito de falsedad y la pena de 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
Al empresario Augusto César Tauroni, como criminalmente responsable en concepto de cooperador necesario de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial del que sería autor, todo ello a su vez en concurso con un delito continuado malversación de caudales públicos del que sería cooperador necesario, se le impone una pena de 8 años de prisión, así como la pena de 20 años de inhabilitación absoluta.
Además, el empresario deberá pagar, solidariamente junto con Marcial López y Josefa Cervera, a la Generalitat la cantidad de 1.784.840 €, siendo declarada responsable civil subsidiario la Fundación CYES.
A Marcial López, como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso medial con delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, se le impone una pena 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 6 millones de euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses para el caso de impago, así como la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios fiscales o incentivos fiscales o de la seguridad social durante un periodo de 6 años .
A Josefa Cervera, pareja sentimental de Marcial López, como criminalmente responsable en concepto de cooperadora necesaria de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso medial con delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial del que sería autora, se le impone una pena de 3 años, 6 meses y un día de prisión, multa de 4 millones de euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 4 meses para el caso de impago, así como la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios fiscales o incentivos fiscales o de la seguridad social durante un periodo de 5 años y 3 meses. Además, la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de la condena.
Por otro lado, Rafael Blasco, Agustina Sanjuán, Marco Antonio Llinares, Javier Llopis, Josep Mª Felip y Alejandro Catalá, tendrán que restituir los fondos públicos indebidamente dispuestos al Tribunal de Cuentas.
Ante esta sentencia cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo, que deberá presentarse en el plazo máximo de cinco días a contar desde la notificación de esta sentencia.
DEJA LES CORTS
El entorno del ex conseller ha filtrado a la prensa su decisión de abandonar su acta de diputado de forma inmediata, así como la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo.
VLC Noticias | Redacción. Foto: Manuel Molines
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