Entre los encausados está el asesino confeso de Guillem Agulló y el concejal de España 2000 en el ayuntamiento de Silla, José Alejandro Serrador | La organización neonazi se financiaba gracias a la venta de armas prohibidas y efectos de temática nazi en Internet
La Audiencia Provincial de Valencia abre hoy el juicio por la llamada ‘Operación Panzer’, que supuso en 2005 la desarticulación, por parte de la guardia civil, del grupo nazi ‘Frente Antisistema’ (FAS). Esta causa sentará en el banquillo de los acusados a 18 miembros de esta organización, entre ellos el asesino confeso del joven independentista Guillem Agulló, Pedro Cuevas, y el concejal deEspaña 2000 en el ayuntamiento de Silla, José Alejandro Serrador.
La acusación popular, de la que forman parte Movimiento contra la Intolerancia, Acció Cultural del País Valencià, Ca Revolta, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Jarit, EUPV-IU, Compromís y Esquerra Republicana, han destacado a través de sus representantes en rueda de prensa que se trata de la mayor causa judicial abierta en el estado español contra grupos neonazis organizados.
Según el informe de la Guardia Civil, al que hace referencia la acusación popular en la causa, se afirma que el FAS obtenía financiación principalmente a través de la venta de armas y efectos de marcada ideología nazi por Internet -donde ofrecían un extenso catálogo de armas prohibidas con su precio de venta, así como propaganda nacionalsocialista, además decontenidos racistas y xenófobos en los que se ensalzaba la violencia-.
Geográficamente, el FAS tenía su base central en la provincia de Valencia, aunque su actividad se extendía por toda España no descartándose, incluso, la posibilidad de que se hubieran realizado envíos de armas prohibidas a otros países. Escopetas recortadas, carabinas del 22, pistolas semiautomáticas, bolígrafos-pistola, puños americanos, ballestas, puñales, catanas, machetes y hachas de doble hoja, fueron algunos de los objetos que se encontraron en los registros practicados por la Guardia Civil.
El informe de la Benemérita detallaba la forma de actividad y estructura del FAS como “una estructura jerarquizada y una rígida disciplina”. Entre sus actividades más destacadas estaban la incitación al odio y la violencia, ataques contra determinadas personas, grupos o asociaciones por su ideología, religición, etnia u orientaci´ñon sexual e incluso por su minusvalía, llegando a organizar auténticas ‘cacerías’ de personas de grupos de izquierda o inmigrantes.
De ahí que el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, haya destacado la importancia del juicio que se inicia hoy por la relevancia lograda por el FAS, una organización “con potencia doctrinaria, de acción y armamento”. Ibarra ha destacado la voluntad de la acusación popular de que en la causa se clarifique el origen de las armas y algunos puntos en concreto como por qué razón no se ha imputado a uno de los distribuidores del armamento, que había sido inicialmente detenido. También se quiere averiguar el motivo por el que se ha archivado el caso de otros detenidos cuya pertenencia al FAS quedaba constatada en el informe de la Guardia Civil. También se quiere saber por qué el asunto no ha llegado a la Audiencia Nacional cuando se dan semejanzas muy claras con organizaciones terroristas. “Esperemos que en el juicio también se aclaren estos puntos”, ha declarado Ibarra.
El portavoz de la acusación popular, Toni Gisbert, ha subrayado que en los últimos años ha aumentado el número de agresiones vinculadas a la discriminación racial, ideológica u orientación sexual. Este incremento, según ha asegurado, ha sido todavía mayor en la Comunidad Valenciana. Se ha detectado, asimismo un incremento de la violencia física y verbal ejercida sobre las personas. Así, son cada vez más frecuentes las agresiones en espacios públicos que incluso después son grabadas y difundidas en la red. Gisbert ha hecho especial hincapié en la, a su juicio, aparente impunidad con que campan a sus anchas este tipo de grupos, mientras en otras comunidades autónomas del Estado español se persigue con mayor ahínco.
Otro punto polémico de este juicio ha sido la destrucción, por parte de la Guardia Civil, de las armas de fuego que constituían una prueba en el juicio contra los miembros del FAS, según han informado recientemente medios como el diario Levante o Interviú. En este sentido, la acusación popular ha dirigido un escrito al juzgado para saber dónde se ha roto la cadena de custodia de dichas pruebas. Por otro lado, Esquerra Unida y Compromís han dirigido las preguntas oportunas, en este sentido, en el ámbito parlamentario.
VLC Noticias | Redacción
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