La Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a siete personas en el marco de la operación Flotador por presuntas irregularidades en la gestión del agua en el ayuntamiento de Sagunto (Camp de Morvedre). Los agentes investigan diversos contratos de la sociedad mixta Aguas de Sagunto, que gestiona el suministro en la localidad que podrían haber causado un perjuicio económico superior a los 24 millones de euros.
La investigación deriva de unas presuntas irregularidades en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sagunto para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad mixta para la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad. La cantidad presuntamente malversada podría ascender a 24 millones de euros derivados de la constitución de la sociedad mixta Aguas de Sagunto, según la Policía Nacional.
Las detenciones se han llevado a cabo en Valencia, Sagunto, Bétera, Torrefarrera (Lleida) y Archena (Murcia). Todos los detenidos están vinculados con los hechos investigados cuando ostentaron cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Sagunto y en Aguas de Valencia.
Según fuentes policiales, la operación está abierta por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, confirmó que algunas de las personas arrestadas fueron cargos públicos. No dio más detalles sobre el caso, que se encuentra bajo secreto de sumario el Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto.
El exalcalde Alfredo Castelló se desvincula de los hechos
Fuentes de la investigación han avanzado que la operación Flotador emana de otra que se inició en 2015 contra un presunto aparaulament de contratos en el Ayuntamiento de Sagunto que salpicar el exalcalde popular, Alfredo Castelló, y 11 concejales y ex concejales de la corporación municipal.
Castellón, que en la actualidad es diputado del PP en las Cortes, aseguró a los periodistas que no tiene conocimiento de la investigación y que no ha recibido ninguna comunicación del juzgado que la instruye.
Además, explicó que la adjudicación bajo sospecha se produjo dos o tres meses antes de que asumiera la alcaldía de Sagunto.
